La Revolución Ciudadana (RC) está pasando por su peor momento. Después de perder las elecciones presidenciales contra Daniel Noboa por segunda vez, ahora se desgrana poco a poco su bancada legislativa y sus autoridades locales enfrentan distintas polémicas.
Desde su salida del poder, el correísmo ha mantenido distintas trincheras oficiales en el país, la principal de ellas ha sido siempre su mayoría en la Asamblea Nacional. Pero, además de que esta vez encontró quien le haga competencia y quedó relegada de los espacios clave, su bancada ha ido implosionando.
Las bajas no solo llegaron desde antes de la posesión, sino que, semana a semana, el correísmo en el Legislativo ha ido perdiendo adeptos, sea por ‘traiciones’ en las votaciones, por escándalos en redes e, incluso, por acusaciones graves de presunta violación.
Pero, aunque las mayores derrotas del correísmo en este periodo se han plasmado en la Asamblea, otro frente que está bajo el escrutinio público y la presión política de distintos sectores, son sus autoridades locales.
Esas trincheras geográficas le habían permitido previamente a la Revolución Ciudadana mantener espacios de oposición a los gobiernos de turno en distintos puntos del país. Y no solo eso, sino también han sido ejes de sus campañas electorales.
Pero ahora también son puntos abiertos de discordia con el núcleo del movimiento, las actuaciones de sus miembros e incluso el epicentro de demandas y sanciones, por ejemplo, por proselitismo, justamente, desde espacios públicos de poder.
Es por eso que pareciera que la crisis que atraviesa ahora la Revolución Ciudadana es solo el inicio de una larga temporada de drama político. Y, como es usual, su máxima figura mantiene el discurso de que son víctimas de traidores y oportunistas, sin ver los problemas estructurales puertas adentro.
A continuación se presenta un resumen de los recientes problemas y polémicas que enfrentan tres autoridades locales del correísmo:
1 Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, tiene varios frentes abiertos, que le merman capital político. El de mayor impacto ha sido el juicio por presunta comercialización ilegal de combustibles, con el denominado Caso Triple A.
La denuncia nació del Ejecutivo, auspiciada por la Agencia de Regulación y Control de Energía, en julio de 2024. Y desde entonces las acusaciones contra Alvarez, otras 15 personas y seis empresas, persiguen al titular del Puerto Principal.
Después llegó la suspensión de la construcción del paso elevado en la Avenida del Bombero, ejecutada por su compañera de partido político y prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga. Pero la orden llegó nuevamente desde el Gobierno, esta vez a través del Ministerio de Ambiente, bajo el argumento de impactos ambientales negativos.
Este episodio no solo abrió un enfrentamiento con Aguiñaga, sino un nuevo pulso político con el presidente Daniel Noboa, con quien los desplantes iniciaron desde que el Mandatario asumió el poder por primera vez y le retiró al Municipio la competencia para la construcción del Quinto Puente.
Y, finalmente, llegó el golpe de las declaraciones de Daniel Salcedo, quien cumple media docena de condenas de prisión por corrupción. El delincuente fue recibido por la oficialista Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
Ahí, sin detalles ni pruebas, afirmó que conoció a Alvarez, antes de que fuera electo como alcalde, en la oficina de un amigo en el sector de Los Ceibos. A lo que el Alcalde de Guayaquil respondió que se trata de ataques sistemáticos en su contra.
2 Pabel Muñoz, alcalde de Quito
A diferencia de la crisis de incendios de Quito en 2024, esta vez la crisis de agua en el sur de la capital ha golpeado al alcalde capitalino, Pabel Muñoz. Mientras el año pasado, el Gobierno colaboró de cerca con el Municipio y siguió su lid, ahora lo acusan de vulnerar los derechos de la ciudadanía y prestar servicios deficientes.
Desde el 9 de julio, más de 400.000 personas no tienen acceso al líquido vital. Y dos días después llegaron las críticas del Ejecutivo. A lo que Muñoz respondió que no lo buscaban para colaborar y que no tenía tiempo de escucharles.
La crisis en Quito hizo que varias figuras del Gobierno central aparecieran en el sitio con tanqueros de agua y ayuda, plantas potabilizadoras e incluso una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia y hasta la vicepresidenta María José Pinto.
Sin embargo, entre las actuaciones y la propaganda del Ejecutivo y la tragedia diaria que atraviesan miles de quiteños para conseguir algo de agua, la figura del alcalde Muñoz ha sido seriamente cuestionada, lo que podría capitalizar el pedido de revocatoria de mandato, que arrancó con la recolección de firmas en abril y ya suma 230.000 respaldos.
3 Juan Lloret, prefecto de Azuay
Aunque resulte menor en comparación a los problemas de las figuras correístas de las ciudades más grandes del país, el prefecto de Azuay, Juan Lloret también tiene un frente abierto, pero ante las autoridades electorales.
La denuncia nació del exconsejero de Participación Ciudadana, Juan Guarderas, quien fue destituido del cargo por la bancada correísta en el periodo pasado. El exfuncionario acusa al prefecto correísta de haber promovido la candidatura presidencial de Luisa González en las elecciones de 2023.
Con una denuncia similar, Guarderas ya consiguió que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) multe a la exvicepresidenta Verónica Abad con USD 9.400 y al alcalde quiteño Pabel Muñoz con USD 9.200. Y fue en parte por eso que las autoridades locales de la Revolución Ciudadana tuvieron menos protagonismo durante las últimas elecciones presidenciales.
Fuente: Primicias
