Servidores públicos: ‘A la evaluación no le tenemos miedo, que la hagan cada tres o seis meses, pero debe ser objetiva’

Los trabajadores del sector público aseguran que no le tienen miedo a la evaluación que ahora será semestral; incluso, que las pueden hacer cada tres meses, pero que debe ser objetiva, sin subjetividades.

Esta es una de las reformas que la Ley Orgánica de Integridad Pública —vigente desde el 26 de junio— hizo en la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep): se dispuso que la evaluación del desempeño ya no será anual, sino semestral.

Las evaluaciones a los servidores públicos se realizan desde el 2010, según la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, y “no hay que tenerles miedo, en razón de que debe cumplir con un requisito que es el de la eficiencia administrativa”, dijo esta semana a Teleamazonas.
“A la evaluación no le tenemos miedo. Que nos la hagan cada tres, seis meses, pero debe ser objetiva. Para ello, el Gobierno debe dar plataformas digitales, agilizar desde el territorio”, dice el presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep), Remigio Hurtado.
Con él concuerda el procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador, Cristóbal Buendía, quien agrega que han planteado que el reglamento a la ley considere que las evaluaciones tienen que ser objetivas, es decir, bajo parámetros previamente establecidos de evaluación cualitativa y cuantitativa del desempeño, y que no existan las subjetividades de las entrevistas; es decir, que no influyan elementos de carácter político o personal.
Considera que entre los parámetros que tendrían que considerarse están el cumplimiento de metas u objetivos, productividad, asistencia o puntualidad, evaluaciones por parte de los clientes o de los usuarios sobre la calidad de servicio. “Esos son temas objetivos que hoy no se están tomando en cuenta porque no existe una medición sobre eso”, dijo.

Tras la publicación de la Ley de Integridad Pública, el pasado 26 de julio en el Registro Oficial, el Ministerio del Trabajo tiene 45 días para elaborar el reglamento, por lo que el plazo ya corre. Y en este punto —según Buendía— han puesto interés para que en las nuevas evaluaciones se contemplen los parámetros objetivos. “Nosotros no le tenemos miedo a la evaluación. Está bien que las cosas sean evaluadas. Pero vuelvo a repetir: sobre parámetros objetivos”.
No se ha evaluado a todas las instituciones del sector público. El Ministerio del Trabajo registra muy pocas evaluaciones, en menos de 140 instituciones.
Buendía recuerda que la “norma hablaba de que las evaluaciones tenían que ser anuales; lamentablemente, esto no se cumplía”.
Hurtado considera que la cartera de Estado debería sancionar a las autoridades y a los responsables de talento humano que no dieron los informes de las evaluaciones.
Resultados se verían con mejoras en herramientas
Hurtado indica que, tal como ocurre en los países modernos, la evaluación lo que busca es la calidad y la eficiencia administrativa en el Estado, y eso también se podría lograr en Ecuador. Pero obtener ese resultado se hace con una evaluación objetiva, clara, y siempre y cuando los Gobiernos de turno implementen nuevas herramientas, tecnología, etc.
“Como servidores públicos, hemos notado una deficiencia más bien en la parte del Gobierno, que no hace esas implementaciones, simplificación de trámites, digitalización de procesos, etc., sino que sigue en lo mismo. El 80 % de los servidores públicos en Ecuador nos encontramos con manuales caducos”, sostiene.
Cita como ejemplo que hay servidores que hacen funciones profesionales como analistas pero, en el momento de realizar la evaluación, no pueden poner que cumplieron ese rol, sino que desarrollaron actividades de un menor rango, lo que califica como contradictorio y subjetivo.
Incluso ya han sugerido al Gobierno que contraten en todos los ministerios nuevos ingenieros en sistemas, programaciones, en lugar de las consultorías que cuestan $ 300.000, $ 400.000 y que, cuando un ministro deja el cargo, es como volver a empezar.

Mesas de diálogo
El presidente de la Conasep comenta que el 5 de julio enviaron nueve puntos al Ministerio del Trabajo que creen deben ser considerados para mejorar la eficiencia administrativa, y que la respuesta fue que están en espera de los resultados de las demandas de inconstitucionalidad.
Sin embargo, dice que desde el gremio piden que se realice una mesa técnica de diálogo para exponer los puntos en los que consideran que se debe mejorar.
Desde la Federación de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador también presentaron un planteamiento y tienen la confirmación de la recepción por parte del Ministerio del Trabajo, y esperan que en los próximos días se sienten a trabajar.
Más demandas de inconstitucionalidad a la ley
Hurtado dice que han analizado algunas reformas a la Ley de Integridad Pública y para la próxima semana —entre jueves y viernes— van a presentar la demanda de inconstitucionalidad de los cambios en artículos que representen regresión y vulnerabilidad de los derechos, mínimo diez de la Losep, uno de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) y dos que están relacionados con la parte judicial.
Cita como ejemplo la Losep: el artículo 89, que se refiere a la estabilidad laboral, fue eliminado, y fue modificado el 23, que habla de los derechos de los funcionarios.
La demanda será presentada entre seis organizaciones, auspiciados por la Internacional de Servicios Públicos (ISP).
Asimismo, indica que están conversando con otras organizaciones para a fines de mes realizar una reunión y, luego de eso, en las próximas desarrollar una manifestación.
De su lado, Buendía comenta que en el tema de las demandas de inconstitucionalidad no van a presentar ningún tipo de alegación. No obstante, sí van a requerir que haya un ajuste en el tema de la reglamentación.
Según Hurtado, en el sector público son alrededor de 640.000 trabajadores a nivel nacional, aunque dice que esa cifra varía con lo que tiene el Ministerio del Trabajo. Según el dirigente, la cartera de Estado registra 480.000.
En ese contexto, considera que el Ministerio de Economía es el que realmente sabe exactamente el número de servidores, pues esa cartera es la que paga y hace las transferencias para sueldos. (I)

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