Los primeros 1.000 días de vida, desde la concepción hasta los 2 años de edad, constituyen una ventana crucial para el desarrollo físico, cognitivo y emocional. La privación en esta etapa afecta de forma significativa el futuro bienestar de los niños, especialmente en contextos de pobreza. Durante este período se produce un crecimiento acelerado, altas demandas nutricionales y una intensa actividad de neurodesarrollo. Factores como prácticas inadecuadas de alimentación infantil, así como un cuidado deficiente, pueden aumentar el riesgo de desarrollo motor, cognitivo y socioemocional subóptimo, explica el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
«Ecuador es el país con la prevalencia más alta de desnutrición infantil en Sudamérica»
De manera específica, la desnutrición crónica infantil (DCI) durante los primeros 1.000 días de vida, manifestada como un retraso en el crecimiento, tiene consecuencias profundas y duraderas tanto en la salud como en el desarrollo económico de las personas y de los países. Según UNICEF, en el caso de Ecuador, los costos asociados a la malnutrición, incluyendo los gastos en salud, educación y las pérdidas por menor productividad laboral, alcanzan el 4,3% del producto interno bruto (PIB). En ese sentido, la prevalencia de DCI en menores de 2 años sigue siendo un problema estructural en Ecuador, con marcadas desigualdades territoriales que reflejan brechas históricas en el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo.
Según la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI) reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el promedio nacional de DCI alcanza el 19,3 %, es decir, 19 de cada 100 niños y niñas menores de 2 años tienen DCI. Al desagregar por provincia se evidencia una realidad más oscura para algunos lugares, según el Gráfico 1.
Por ejemplo, en Chimborazo la prevalencia se eleva a una cifra alarmante de 40,1%, el doble del promedio nacional, lo que quiere decir que 4 de cada 10 niños o niñas tienen DCI en esta provincia. Dicho caso es similar en provincias como Santa Elena (32,6%), Cotopaxi (28,2%) y Tungurahua (27,9%). Este patrón revela una mayor carga en zonas rurales y andinas, donde confluyen factores estructurales como pobreza, inseguridad alimentaria, baja cobertura de servicios de salud y educación materna limitada.
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¿Existe una forma de prevenirlo y combatirlo? Sí. Los programas sociales enfocados en la reducción de la desnutrición crónica desempeñan un papel crucial en el desarrollo humano y económico de los países. Según el Banco Mundial, las transferencias monetarias condicionadas, cuando se complementan con componentes nutricionales —incluyendo educación alimentaria, estrategias de cambio de comportamiento y suplementación—, han demostrado ser efectivas, logrando reducir la incidencia de la desnutrición crónica infantil entre un 15% y 20%.
Además de su impacto positivo en la salud y el bienestar infantil, estos programas representan una inversión altamente rentable: por cada dólar invertido en combatir la desnutrición, se generan aproximadamente USD 23 en beneficios, lo que se traduce en ganancias económicas globales cercanas a los USD 2,4 billones, explica el Banco Mundial.
¿Cómo responde el Estado ecuatoriano en ese contexto?
El Bono 1.000 Días consiste en un incentivo mensual de USD 50, el cual se complementa con tres pagos adicionales: USD 90 al momento del nacimiento, USD 120 al cumplir un año y USD 120 al cumplir 2 años. Estos pagos están condicionados a que la madre o su representante cumpla con asistencia a controles de salud y la inscripción oportuna del niño o niña en el Registro Civil.
Desnutrición crónica también impacta a niños de hogares ricos
De manera específica, este bono está destinado a mujeres embarazadas, así como a niñas y niños menores de 2 años que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema, determinada a partir del puntaje de Registro Social. Además, para ser consideradas dentro de la población objetivo, las mujeres deben asistir a los controles prenatales en establecimientos del Ministerio de Salud Pública (MSP) para validar su estado de gestación, o contar con un hijo/a menor de 45 días ya inscrito en el Registro Civil.
Para junio 2025, según los datos del Sistema Unificado y Universal De Seguimiento Nominal (SUUSEN), el número total de beneficiarios habilitados al cobro del Bono 1.000 Días es 143.961 a nivel nacional. Las provincias con mayor número de personas atendidas son Guayas (34.262), Manabí (18.724), Los Ríos (11.618), Pichincha (11.593) y Esmeraldas (8.887), lo cual es consistente con su alta concentración poblacional y la presencia de zonas priorizadas por el programa. Asimismo, se observa una cobertura significativa en El Oro (5.282), Santa Elena (5.126), Santo Domingo de los Tsáchilas (4.881) y Cotopaxi (4.665), territorios donde también existen importantes núcleos poblacionales y necesidades sociales vinculadas a la primera infancia (Gráfico 2).
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En cuanto a su cobertura, el programa ha mostrado una expansión progresiva durante los últimos años. En el caso de las mujeres gestantes, el Gráfico 3 muestra una expansión gradual y una estabilización en cuanto a la cobertura del Bono 1.000 Días. En julio de 2022 se registraban 12.628 gestantes beneficiarias, mientras que para julio de 2023 la cifra aumentó a 16.587 (31,3%). En julio de 2024, el número ascendió a 20.801 (25,4%) respecto al año anterior. Finalmente, en junio de 2025, se contabilizaron 20.870 gestantes atendidas, con un aumento marginal de apenas 0,3%. Esta trayectoria sugiere que el programa ha llegado a un punto de saturación en cuanto a cobertura, probablemente porque la población objetivo es relativamente estable.
Entre julio y diciembre de 2022, entre el 70% y el 75% de las beneficiarias vivía en pobreza, y entre el 24% y el 30% en pobreza extrema. Esta proporción se mantuvo estable durante 2023 y 2024, pero a partir de 2025 se observa un repunte en el porcentaje de mujeres en pobreza (hasta 78,1% en junio) y una baja en la pobreza extrema (21,9%) (Gráfico 3). Este cambio podría reflejar un mayor acceso de gestantes con privaciones menos severas, pero aún dentro de la población estructuralmente vulnerable.
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En el caso de los niños y niñas menores de 2 años, el bono ha mostrado un crecimiento mucho más acelerado. En julio de 2022 se registraron 3.985 menores beneficiarios, cifra que se elevó a 41.457 en julio de 2023 (940%). Para julio de 2024, la cobertura alcanzó los 104.363 beneficiarios (151,7%), y en junio de 2025 se llegó a 120.465, con un crecimiento más moderado del 15,4%. Este patrón evidencia un despliegue masivo inicial seguido de una etapa de consolidación, donde el ritmo de crecimiento disminuye al acercarse a su cobertura potencial total (Gráfico 4).
Según su condición de pobreza, entre julio de 2022 y junio de 2025, más del 63% de los niños beneficiarios vivía en hogares pobres, y alrededor del 33% en pobreza extrema. Aunque la focalización sigue siendo alta, se aprecia una leve pero sostenida reducción del peso de la pobreza extrema: del 32,2% en julio de 2022 al 31,9% en junio de 2025. Esto podría deberse a mejoras socioeconómicas entre los hogares atendidos o a una expansión del bono hacia sectores menos empobrecidos dentro del universo objetivo. En cualquier caso, los datos confirman que el Bono 1.000 Días prioriza correctamente a las poblaciones en mayor riesgo social y nutricional, consolidándose como una herramienta clave de protección social y equidad territorial.
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¿Cuál es el impacto del Bono 1.000 Días?
El Bono 1.000 Días fue diseñado con doble expectativa: por un lado, reducir la prevalencia de la desnutrición crónica infantil (DCI) en menores de 2 años en Ecuador; y por otro, promover cambios sostenidos en el comportamiento de cuidado y atención en salud para madres gestantes y niños/as. Este componente condicional busca incentivar el cumplimiento de controles prenatales y del niño sano, apuntando a una intervención preventiva desde los primeros días de vida.
El sobrepeso infantil, la otra cara de la malnutrición en Ecuador
En el Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil (PEI-DCI), el Gobierno Ecuatoriano ha trazado un objetivo ambicioso: reducir la DCI a menos del 15 % para el año 2030. Si bien se trata de una meta a largo plazo, los primeros datos son alentadores. Según la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI), la DCI en menores de 2 años disminuyó del 20,1 % en 2023 al 19,3 % en 2024, un cambio modesto, pero significativo en el corto plazo.
Además, una evaluación rigurosa del programa realizada por María Daniela Delgado-Galárraga, titulada “How to Save Lives During the First 1,000 Days of Life”, aporta evidencia robusta sobre su impacto. El estudio encuentra que el Bono 1.000 Días tuvo un efecto positivo y estadísticamente significativo en la reducción del retraso en talla infantil, con un incremento de entre 0,26 y 0,29 desviaciones estándar en la altura para la edad. En otras palabras, el bono está logrando mejoras tangibles en uno de los indicadores más sensibles del desarrollo infantil. Aun así, como toda política pública en fase inicial, se requerirá de más tiempo, seguimiento y evaluaciones para confirmar su efectividad sostenida y a escala nacional.
Desde el componente condicional, uno de los indicadores clave para medir el éxito del bono es el porcentaje de embarazadas y niños menores de 24 meses que tienen sus servicios integrales al día. Este dato refleja no solo el acceso a la transferencia monetaria, sino también la capacidad del sistema para brindar una atención integral, continua y de calidad durante los primeros 1.000 días. Su seguimiento permite evaluar si la política pública va más allá de una ayuda económica puntual y logra generar una transformación estructural con enfoque preventivo y multisectorial, condición indispensable para romper el ciclo de la desnutrición infantil en Ecuador.
Los servicios integrales al día comprenden:
Controles prenatales (para gestantes) y controles del niño sano (para menores de 24 meses) realizados a tiempo.
Participación en uno de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral (SDII): Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), Centros de Cuidado Infantil (CCRA) o Centros de Desarrollo Infantil (CDI).
Cobro efectivo del Bono 1.000 Días durante el mes correspondiente.
En el caso de los niños y niñas, inscripción de nacimiento en el Registro Civil.
En ese sentido, entre julio de 2022 y junio de 2025, la proporción de niños y niñas menores de 2 años con todos los servicios al día pasó de 1,9% a 45,04%, lo que implica un crecimiento absoluto de más de 43 puntos porcentuales en menos de 3 años. En contraste, los resultados en el grupo de mujeres gestantes muestran una trayectoria más lenta y menos homogénea, pasando del 6,5% en julio de 2022 al 18,1% en junio de 2025. Aunque la tendencia general es positiva, el crecimiento acumulado de 11,6 puntos porcentuales en 3 años es más modesto que el observado en el grupo infantil.
Bono de los 1.000 Días llegará a 200.000 beneficiarias hasta finales de 2025
Este avance puede interpretarse como una señal de mejora progresiva en el funcionamiento coordinado de los servicios de salud, protección social, identidad legal y transferencias monetarias. A medida que el sistema gana escala, la aceleración inicial tiende a estabilizarse, lo que sugiere que alcanzar el pleno cumplimiento implicará enfrentar barreras estructurales más complejas, como dispersión geográfica, debilidad institucional local o brechas de acceso, que no se resuelven únicamente mediante expansión presupuestaria.
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¿Y en otros países?: evidencia internacional
La evidencia internacional ha demostrado que las transferencias monetarias condicionadas (TMC) pueden tener efectos transformadores en la salud y la nutrición infantil, especialmente durante los primeros 1.000 días de vida.
Ecuador volverá al mercado internacional de capitales, esta vez a través de un bono social con apoyo del BID
En Nigeria, el estudio “The Impacts of a Multifaceted Pre-natal Intervention on Human Capital Accumulation in Early Life”, de Pedro Carneiro, Lucy Kraftman, Giacomo Mason, Lucie Moore, Imran Rasul y Molly Scott, reportó aumentos significativos en la asistencia a controles prenatales (52%), el inicio temprano de la lactancia materna (59%) y una triplicación de la lactancia exclusiva. Además, se registró una reducción del 8% en la prevalencia de desnutrición crónica infantil a largo plazo.
En América Latina, los resultados son igualmente alentadores. En Bolivia, el estudio “Paying Patients for Prenatal Care: The Effect of a Small Cash Transfer on Stillbirths and Survival”, de Sebastián Martínez, Pablo Celhay, Cecilia Vidal y Julia Johannsen, evidenció que una transferencia equivalente al 1% del consumo mensual redujo los nacimientos sin vida entre un 9,5% y un 22,3%, y aumentó la supervivencia infantil entre un 3,5 % y un 16,8 %, gracias al incremento en controles prenatales (16 %) y a la atención del parto por personal calificado (15 %).
En Perú, el análisis “Promoting the Use of Prenatal Care Through Conditional Cash Transfers: Evidence From JUNTOS”, de Jorge J. Díaz y Víctor Saldarriaga, mostró mejoras en el acceso a la salud: la atención prenatal por personal médico calificado aumentó en 2,3 puntos porcentuales y la atención en centros médicos en 2,2 puntos. Por último, el informe “The Economic Costs of Stunting and How to Reduce Them”, de Emanuela Galasso y Adam Wagstaff, estima que la reducción de la desnutrición crónica infantil incrementaría el ingreso per cápita entre un 5% y un 7% en países en desarrollo.
En ese marco, el Gobierno Nacional del Ecuador anunció el 9 de junio de 2025 la ampliación de la cobertura del Bono 1.000 Días a 20.000 nuevos beneficiarios, lo que elevará el total de personas atendidas de 140.000 a 160.000 hasta diciembre de 2025. Esta decisión ocurre en un contexto donde la evidencia internacional muestra resultados mixtos sobre la efectividad de programas similares, y donde las brechas territoriales y estructurales en Ecuador exigen un seguimiento riguroso. Si bien la ampliación apunta a aumentar el alcance de la política, será necesario evaluar no solo la cobertura, sino también su impacto en términos de acceso a servicios integrales y reducción efectiva de la desnutrición crónica infantil
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