Ecuador da pasos en la Asamblea para tener su primera Ley de Inteligencia Artificial y regular el uso de una tecnología que avanza cada vez más rápido, pero que también genera preocupaciones en torno a la privacidad de los usuarios.
Es la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales (CECCYT) la que en estas semanas ha recibido a una serie de expertos para que den sus observaciones técnicas a esta propuesta normativa.
El 8 y el 15 de julio de 2025, la comisión acogió mesas técnicas para que revisen el Proyecto de Ley de Inteligencia Artificial que han incluido a miembros de la academia, el Ministerio de Telecomunicaciones y equipos internacionales como el de la Fundación Konrad-Adenauer Stiftung de Alemania.
Este 16 de julio, el superintendente de protección de Datos, Fabrizio Peralta Díaz, la directora ejecutiva de la Fundación KITSH, Jessica Morales y una académica de la FLACSO formada en la Universidad de Nueva York comparecieron en el legislativo para realizar varias observaciones. ¿Qué dijeron? A continuación un resumen de sus comparecencias:
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«Dejar de regular la IA en nuestro país sería convertirlo en tierra de nadie», fue una de las frases con las que Fabrizio Peralta inició su intervención ante los asambleístas de la comisión.
El superintendente de Datos consideró que el proyecto de ley, como se encuentra hasta ahora «presenta una concentración excesiva de funciones en el Ministerio de Telecomunicaciones [Mintel]», pues observó que asume los roles de promoción, regulación y sancionador.
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Además indicó que las atribuciones dadas al Mintel podrían ocasionar potenciales «conflictos de intereses».
Peralta comentó que, a consideración de la Super de Datos, el enfoque del ministerio mencionado es el de infraestructura, mientras que las tecnologías de Inteligencia Artificial «requieren conocimientos específicos en algoritmos, ética, tecnología, neurociencia, derechos digitales».
Datos personales en juego
El funcionario recomendó que se adopten modelos similares a los que se manejan en Reino Unido, Singapur y Canadá y que sea la Superintendencia la que asuma la regulación y control de Inteligencia Artificial en Ecuador.
Bajo el modelo propuesto por Peralta, el Mintel se encargaría de la política, fomento e incentivos en torno a la IA, mientras que la Superintendencia manejaría la regulación, supervisión y sanción en el sector.
Además, consideró que incluir a su organismo, cuya primera resolución fue emitida hace menos de un año, en agosto de 2024, permitiría tener una «coherencia normativa», pues los sistemas de IA ocupan datos personales para ser procesados mediante algoritmos.
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Peralta recomienda una reforma al marco legal de la Superintendencia, para que en la normativa se incluyan aspectos específicos con la IA, como la asignación de competencias para realizar auditorias algorítmicas, es decir, una revisión de los algoritmos con los que se han programado los sistemas artificiales.
El funcionario señaló que en el texto que la comisión aún discute, no existe un régimen sancionador para quienes cometan faltas en el ecosistema de IA.
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Inclusión cultural
En un aspecto sociocultural, Jessica Morales, directora ejecutiva del KITSH (Kichwa Institute of Techolochy, Science and Humanities), pidió que en la Ley de Inteligencia Artificial se añada un enfoque de inclusión de la diversidad cultural y lingüística.
Morales también señaló que es necesario que en la ley se incluya un etiquetado apropiado de contenido generado por IA, especialmente en asuntos de interés público, como durante las elecciones.
Sobre la ciberseguridad, la presidenta del KITSH sugirió que si existen «incidentes significativos» en sistemas de IA, se haga una notificación pública sobre estos eventos.
Registro nacional de herramientas de Inteligencia Artificial
Carolina Curvale, PhD en Ciencias Políticas por la Universidad de Nueva York y que actualmente labora en la FLACSO Ecuador, celebró que en el proyecto de ley se enfatice la supervisión humana.
Curvale, en una línea similar a la de Peralta, observó que la propuesta considera a un regulador (el Mintel) que asume las funciones de regulación, ejecución y promoción.
Y recomendó que se incluya la creación de un comité técnico de supervisión independiente.
La académica también puso a consideración que la ley estipule que se exija la inclusión de todas las herramientas de inteligencia artificial (incluso las de uso especializado) en un registro nacional.
Y que dicho registro considere los riesgos de los sistemas de IA para así ver cuáles serán los requisitos a cumplir para su uso.
Aunque comentó que es importante «evitar la sobrerregulación» para así no ahogar al emprendimiento.
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