‘La bala no le distingue si usted es o no de una banda’: familias desplazadas por la violencia en Guayaquil tratan de continuar sus vidas en otras zonas

“Cómo iba a ir si en la esquina de mi casa se había desatado todo, ahí dije: no, tengo que regresar, y no he vuelto”, dice Luis, de 22 años, al recordar que la tarde de un jueves de marzo desistió de volver de su trabajo, en el sur de Guayaquil, a su casa en Socio Vivienda 1, plan habitacional que se instauró hace más de una década por el Gobierno nacional.

A escasos metros de su hogar, donde habitaba con su madre y hermano, se dio una masacre que acabó con la vida de al menos 22 personas.

Por el impacto emocional y temor por más episodios de violencia, desde ese entonces él vive con allegados en el sur y dejó de aferrarse a su casa.

Alrededor de 300.000 personas, entre esas Luis, se habrían desplazado internamente en Ecuador, de acuerdo con un estudio de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur), por aspectos relacionados con el conflicto armado interno. Por ahora no hay un porcentaje de los movilizados en la urbe.

Elena Boffelli, jefa de la suboficina de Acnur en Guayaquil, expuso que en muchos casos es complicado medir la dinámica del desplazamiento que ocurre a nivel local, ya que a diferencia del conflicto colombiano, donde se dan masivos movimientos, acá no se identifica esa práctica sino que se da de manera individualizada, como “gota a gota”, hacia otros barrios o provincias.

Agregó que la situación también impacta a ciudadanos refugiados venezolanos y colombianos. Ellos antes se asentaban en barrios vulnerables, pero por la escalada de hechos de violencia ahora buscan opciones más costosas y seguras.

Antes de la pandemia de COVID-19, Luis convivía en un ambiente relativamente seguro en Socio Vivienda. Regularmente jugaba fútbol en un parque, andaba en bicicleta, caminaba por los alrededores en un cerro en la zona. Sin embargo, dijo, los escenarios cambiaron y la violencia escaló.

En una ocasión, él acudió a una tienda y escuchó cuando sujetos persiguieron a una persona y la asesinaron en una vía. “Iba justo llegando, no sabía qué hacer, la señora de la tienda me permitió entrar”, contó.

En recientes meses, la situación fue peor. También, a pesar de ser habitante, sujetos le pedían “ayuda” a diario de $ 1 al ingresar a la zona. Además, la cancha donde jugaba fútbol era ocupada por sujetos armados y para la droga. “Ya no podía ir ahí”, dijo.

Socio Vivienda se ubica en el distrito policial de Nueva Prosperina, una de las zonas más conflictivas. Foto: José Beltrán

Además, las balaceras se volvieron frecuentes, de dos a tres por semana. “En mi casa me tiraba en el piso porque sonaba como si fuera en la esquina”, contó.

Asimismo, él fue testigo cuando antisociales intentaron tomarse una vivienda aledaña, grescas y disparos hubo por parte de ellos para sacar a los propietarios.

Alejado del sector, él relató que trata de mantener sus actividades de trabajo y estudios. Solo se comunica con dos amigos de confianza, quienes lo mantienen al tanto de si su casa sigue intacta o invadida.

En la casa de Socio Vivienda, su familia hizo acomodaciones, cambio de piso, ampliaciones con dos cuartos más, y tienen enseres. Nada se llevó cuando se fue.

Él sueña que pronto haya un plan de seguridad que permita y brinde las condiciones para poder regresar al sector. “Quisiera regresar, espero poder ver una mejora”, reflexionó.

Otra vecina, Flor, de 65 años, se dedicaba a vender comida en los exteriores de su casa y cubrir los gastos mensuales de $ 50 por los servicios básicos. Salió de la zona, luego de vivir allí por trece años, por miedo a ser víctima colateral de un ataque.

Ella junto con una hija de 25 años, que padece una enfermedad catastrófica, y su nieto, de 3, alquilan ahora un departamento en el norte.

“No podíamos estar así, era horrible. Mi hija hizo un préstamo de $ 6.000 para arreglar y vivir un poco más cómodo, porque se ahogaba ahí (de calor), se alzó un poco el techo”, explicó la adulta mayor, al exponer las deudas que arrastra.

Ahora, ella ya no puede obtener ingresos extras, vive de la “caridad” y netamente se dedica al cuidado de su nieto, mientras su hija sale a trabajar en una empresa y trata de ser el pilar económico del hogar.

Entre ellas tienen gastos mayores, de alrededor de $ 500, por el alquiler y comida, que ahora resultan más caras en la zona donde habita.

“Mi vida ha cambiado totalmente, todo, de tener una vida en paz en mi casita, no es lo mismo, ahora con la angustia de pagar un arriendo”, expuso la adulta mayor, quien también tiene problemas de acceso a medicinas para la hipertensión que padece.

Ella sostuvo que la presencia policial y múltiples operativos no son la solución para enfrentar la inseguridad en su anterior barrio. Según ella, se requiere una intervención amplia para atender las necesidades sociales.

“Mi anhelo es volver y no perder mi casa, la gente me decía que no me vaya, eso de ahí me da esperanza. La bala no le distingue si usted es o no de una banda”, refirió.

En su mayoría, dijo Boffelli, los factores de desplazamientos se generan por la violencia, presencia de grupos de delincuencia organizada (GDO), índices generados de estas agrupaciones, disputas territoriales y represalias entre los GDO, así como incidentes como homicidios, extorsiones y amenazas.

“Es un fenómeno general en los barrios más populares y vulnerables de la ciudad”, contó.

Boffelli mencionó que este fenómeno se debe enfrentar con la suma de distintos actores de la sociedad, entes estatales, incluyendo las comunidades que conocen sobres sus necesidades. “Es una respuesta coordinada e integral, y lógicamente apostar a la prevención”, sostuvo.

Boffelli mencionó que se trata de estar presentes en barrios vulnerables con población refugiada extranjera y también con los locales que así lo requieran. Se hacen labores de empoderamiento comunitario en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, actividades de cohesión social, enlace de oportunidades laborales con la empresa privada.

Billy Navarrete, coordinador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), apuntó que en ciertos grupos familiares hay menores con problemas para seguir los estudios, puesto que se alejaron de la zona donde habitaban y estaban sus planteles. A su vez, dijo, hay otros grupos que aguardan en confinamiento, ya que temen salir de sus casas por perder sus enseres.

“Esas que se quedan generalmente en fuerte precariedad, porque los medios de vida ya no los encuentran”, explicó.

En mayo anterior, un tribunal de Garantías Penales aceptó una medida cautelar a favor de personas afectadas por el desplazamiento forzoso de los vecinos de Socio Vivienda.

La justicia ecuatoriana ordenó que se instale una mesa interinstitucional y que el Estado presente un plan asistencial humanitaria y protección a las víctimas en un plazo de seis meses desde la decisión. (I)

Fuente: El Universo

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