El viernes por la tarde, el Parlamento aprobó las propuestas presentadas por el Bloque de Izquierda, Livre y PAN para que la violación sea un delito público en Portugal. Las propuestas fueron aprobadas con los votos a favor del PSD, CDS, Iniciativa Liberal, PAN, Chega, JPP, Bloque de Izquierda, Livre y algunos diputados del Partido Socialista, concretamente Pedro Nuno Santos, Elza Pais y Sofia Pereira, informa ‘Público’.
Los grupos parlamentarios del PS y del PCP se abstuvieron. El PSD anunció el jueves que votaría a favor de las propuestas para seguir la «evolución legislativa». La tipificación de la violación como delito público ya se había debatido varias veces en los últimos años, pero no se había aprobado ninguna propuesta porque el PS y el PSD defendían que debía ser la víctima la que decidiera si presentaba o no denuncia, optando por que la violación siguiera siendo un delito semipúblico.
La medida aprobada este viernes había sido debatida el jueves, tras la presentación de cinco propuestas: una del Bloque de Izquierda, dos del PAN, una de Chega y otra de Livre, todas las cuales pedían que los delitos sexuales fueran considerados delitos públicos.
A partir de ahora, cualquier testigo tiene la potestad de denunciar un caso de violación y la investigación puede comenzar sin necesidad de denuncia. La decisión implica cambios en los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, así como en el estatuto de la víctima.
El líder parlamentario de los socialistas justificó la abstención del PS en un vídeo publicado en las redes sociales: «El automatismo de convertir este crimen en delito público deja fuera la participación de la víctima y no podemos dejar a la víctima, que ha sufrido un crimen horrible, fuera del proceso penal», dijo Eurico Brilhante Dias. «Es posible ir más lejos», argumentó, pidiendo que se trabaje más en el debate especializado, concretamente en la relación entre el Ministerio Público y la víctima.
Hasta ahora, Portugal era uno de los pocos países de Europa donde la violación no era un delito público, junto con Italia y San Marino, en contra de las recomendaciones del Convenio de Estambul, que pretende combatir la violencia doméstica y contra las mujeres y que ha sido ratificado por casi 40 países del Consejo de Europa.
