Presidente Daniel Noboa plantea castración química para violadores en reforma constitucional

El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció este viernes 11 de julio de 2025 el envío de una reforma parcial a la Constitución que plantea la aplicación de la castración química como medida adicional para sancionar a personas condenadas por delitos sexuales.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), donde escribió.

Aunque no se han difundido todavía los detalles técnicos del proyecto, el mensaje presidencial deja clara la intención de endurecer las sanciones contra los agresores sexuales, combinando penas privativas de libertad con tratamientos de supresión de libido, conocidos como castración química, una medida altamente controversial en el debate penal y de derechos humanos.

¿Qué implica una reforma parcial a la Constitución?
La propuesta, según el pedido del presidente, sería tramitada como una reforma parcial a la Constitución, requeriría el apoyo de la Asamblea Nacional, con al menos 77 votos afirmativos en dos debates.

Una vez aprobada en el Legislativo, podría pasar por un referéndum obligatorio, donde la ciudadanía sería la que decida si entra o no en vigencia.

¿Y la Corte Constitucional?
Según la Constitución del Ecuador (artículo 442), todo proyecto de reforma parcial debe ser calificado previamente por la Corte Constitucional, que debe emitir un dictamen sobre la vía adecuada para su tratamiento.

Es decir, la CC debe determinar si la propuesta corresponde a una enmienda, reforma parcial o reemplazo total de la Constitución, y verificar que no viole principios fundamentales.

Un tema sensible y con antecedentes
La castración química ha sido debatida en otros países y también mencionada anteriormente en el Ecuador, pero esta es la primera vez que se impulsa formalmente como una reforma constitucional desde el Ejecutivo.

La medida ha generado posturas encontradas: mientras algunos sectores la consideran una forma efectiva de prevención, organismos de derechos humanos y expertos penales advierten sobre posibles violaciones a principios constitucionales como la proporcionalidad de la pena, la integridad física y el consentimiento médico.

Fuente: Primicias

 

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