“¡Libertad, libertad! ¡Justicia, justicia!” fueron algunos de los gritos de familiares de los militares presuntamente involucrados en la evasión de alias ‘Fede’.
El hecho se registró el pasado 20 de junio en la Penitenciaría del Litoral.
Entre los procesados hay 19 miembros de las Fuerzas Armadas, dos funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), además de un privado de libertad.
La audiencia de formulación de cargos se realizó en la Unidad Judicial del Cuartel Modelo, y un juez dictó prisión preventiva para los 22 procesados por el presunto delito de evasión de Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, cabecilla de Las Águilas.
Este viernes, unos 20 allegados del personal castrense se ubicaron a pocos metros de una de las vallas metálicas que, desde hace varios meses, custodian el Palacio de Gobierno, en el centro de Quito.
De las primeras versiones se desprende que alias Fede había sido llevado al policlínico y no regresó a su celda.
Un recluso que está implicado en la fuga dijo que alias Fede tomó su lugar.
Para los allegados, los militares son inocentes.
Estefanía Loor, prima de un cabo primero, contó que el grupo iba a salir franco tras diez días de labores, pero cuando iban a retirarse les comunicaron que tenían que ir a rendir una versión voluntaria.
Agregó que a las 16:00 hubo un parte en el que, sostuvo, se los involucró. Rindieron versiones y hubo una audiencia que se extendió hasta horas de la madrugada.
Según Loor, los militares tienen la orden de resguardar que no hay disturbios dentro de la Penitenciaría y permanecen en puntos fijos establecidos como, por ejemplo, junto a las celdas hasta que cambian de guardia.
“Lo único que ellos observan es que el ppl (persona privada de la libertad) sale con el guía, que los va a retirar de cada celda para llevarlos ya sea al policlínico o ya sea a alguna audiencia, el mismo guía es el que los lleva y el mismo guía es el que lo (ingresa)”, dijo.
Para Abel Cargua, padre de uno de ellos, que tiene el grado de sargento segundo, derechos humanos y la Defensoría del Pueblo los podrían ayudar.
Para el próximo miércoles, 23 de julio, está convocada una audiencia de apelación, pues buscan defenderse en libertad.
Fuente: El Universo
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