El Gobierno de Ecuador y la Unión Europea oficializaron este martes 8 de julio de 2025 el lanzamiento del Programa de Seguridad, Esperanza y Resiliencia para la Paz (Serpaz), una iniciativa que busca responder a la crisis de violencia, fortalecer la institucionalidad y proteger a las comunidades más vulnerables frente al avance del crimen organizado.
El acto se desarrolló en la Cancillería, en Quito, y reunió a delegaciones europeas, autoridades del Estado y representantes del sector privado.
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Aunque estaba previsto que liderara la ceremonia la canciller Gabriela Sommerfeld, inicialmente su participación fue reemplazada por la del viceministro de Cooperación Internacional, Alfonso Abdo. Sin embargo, más tarde Sommerfeld se hizo presente y destacó la importancia estratégica del programa:
“Este programa coloca la seguridad como prioridad nacional, pero lo hace sin descuidar la productividad, la competitividad y la recomposición del tejido social».
Gabriela Sommerfeld, Canciller de la República.
Cooperación frente a redes criminales transnacionales
Erica Gerretsen, directora de Desarrollo Humano, Migración, Gobernanza y Paz de la Comisión Europea, explicó el contexto que motivó este plan:
“Hoy, Ecuador registra las tasas de homicidios más altas de Sudamérica, con 44,5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Entre enero y abril de 2025 se reportaron más de 3.000 muertes violentas, un 58% más que el año anterior. Estos datos reflejan la magnitud de las redes del crimen transnacional y la relevancia estratégica de los corredores logísticos de Ecuador”, dijo Erica Gerretsen, representante de la Unión Europea.
Gerretsen recalcó que Europa también enfrenta impactos directos:
“Desde el narcotráfico hasta el lavado de dinero, Europa es tanto destino como campo de batalla de esta compleja ecuación. No vemos la situación en Ecuador como una crisis lejana, sino como un desafío compartido que exige cooperación reforzada, intercambio de inteligencia y acción política coordinada”, agregó Gerretsen.
Recordó además que, en años recientes, la UE ha impulsado iniciativas para apoyar a Ecuador en seguridad penitenciaria, control portuario y lucha contra el lavado de activos. La nueva fase, dijo, profundiza esta cooperación con un enfoque integral en cuatro componentes: seguridad antilavado, reforma penitenciaria, protección de cadenas logísticas de exportación y prevención del reclutamiento juvenil.
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Programa Serpaz
María Cristina Lera, directora de Serpaz, resumió la arquitectura operativa del programa y dijo que como europeos, entienden que la responsabilidad en la lucha contra el crimen organizado transnacional es compartida.
Serpaz adopta un enfoque integral que aborda cuatro factores críticos:
Lavado de activos
El componente antilavado será implementado por Expertise France y la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), con apoyo de la Policía, Fiscalía, Judicatura, SRI y otras entidades clave para fortalecer la capacidad de desarticular redes financieras ilícitas.
Crisis penitenciaria
El segundo componente dará continuidad a la asistencia penitenciaria, con la experiencia de Italia y España, buscando optimizar la rehabilitación, seguridad y reinserción social en los 35 centros de privación de libertad del país.
Vulnerabilidad de la cadena logística de exportación
Sobre la seguridad de exportaciones, Lera destacó el respaldo de puertos europeos estratégicos como Amberes-Brujas y Róterdam:
“Se trabajará de forma piloto en sectores como banano y cacao y en puertos como Guayaquil, Posorja y Machala. La meta es reforzar cada eslabón de la cadena, desde la finca hasta la exportación”, explicó Lera.
Reclutamiento de jóvenes por bandas criminales
Comunidades Resilientes, priorizará la prevención del reclutamiento de jóvenes y la cohesión social en zonas de alto riesgo como Guayaquil y Durán, con apoyo de la cooperación alemana (GIZ) y la participación activa de gobiernos locales, sociedad civil y sector productivo.
Serpaz tendrá una duración de 36 meses y una inversión de 12 millones de euros (aproximadamente USD 12,9 millones), articulando instituciones públicas, agencias europeas y organizaciones comunitarias.
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