Inestabilidad laboral, retroceso en los derechos de los trabajadores, despidos intempestivos y otros aspectos, preocupa a los gremios de trabajadores y estudiantes, tras la aprobación de la Ley de Integridad Pública.
Este lunes 7 de julio de 2025, representantes del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), organizaciones sindicales y de estudiantes presentaron una demanda de inconstitucionalidad a la norma ante la Corte Constitucional.
Nelson Erazo dirigente del Frente Popular consideró que la ley es parte del acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que pretende achicar el tamaño del Estado.
Edwin Bedoya presidente del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) indicó con la reforma donde se incrementa en cinco años la jubilación voluntaria para quienes deseen la compensación económica, el Gobierno se estaría ahorrando USD 200 millones.
“Quieren tapar el hueco fiscal que se generó en la campaña de Noboa”, agregó.
José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, manifestó que la estabilidad laboral de 490.000 servidores públicos está en riesgo con la Ley de Integridad Pública, porque se harán evaluaciones a dedo, sin garantías y derecho a la defensa.
Villavicencio también sostuvo que están en riesgo lo más de 65.000 servidores públicos que tienen nombramiento provisional porque las instituciones y ministerios ya no están obligados a llevar a cabo concursos de méritos y oposición para dar estabilidad laboral.
“A las mujeres, por ejemplo, en caso de estar embarazadas, la norma dice que les garantizan la estabilidad hasta que terminen la lactancia ¿Después como sostiene a sus hijos?”, cuestionó.
A criterio de Nery Padilla, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (Feue), la Ley de Integridad Pública pretende despidos masivos, lo que implicaría menos docentes en las universidades y por tanto menos cupos para ingresar a las instituciones de educación superior.
“En una realidad donde solo hay 170.000 cupos para más de 400.000 inscritos y en esa perspectiva al no contar con personal necesario, habrá hacinamiento en las universidades públicas”, puntualizó.
En ese contexto, el dirigente estudiantil anunció medidas de hecho desde el 16 de julio de 2025 en diferentes provincias del país.
“En el caso de Pichincha, vamos a concentrarnos a las 16:00 en la plaza Indoamérica de la Universidad Central”, aseveró.
Menores de edad juzgados como adultos
Dayana Basantes, presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, calificó a la Ley de Integridad Pública, como una norma de gatillo fácil porque se pretende que los niños y jóvenes sean juzgados como adultos, desconociendo la realidad del Ecuador.
“Actualmente en los colegios tenemos un 68% de déficit en los DECE, tenemos aulas que se están cayendo a pedazos (…) ¿Qué esperamos de una juventud que vive en un sistema violento?”, remarcó.
Basantes detalló que en el 2024 hubo más de 400 suicidios en los jóvenes por la falta de políticas públicas y sociales.
“Nuestros padres llegan con las justas a fin de mes (…) La solución no está en llenar cárceles de jóvenes sino en invertir en la juventud”, aseveró.
Radio Pichincha
