Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, compareció ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado con la finalidad de aportar en el análisis de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, que esta mesa legislativa lleva adelante.
La autoridad se refirió a los concursos públicos para la designación de jueces y fiscales, los cuales no se han realizado desde el año 2017 “debido a limitaciones en las normativas del Código de la Función Judicial vigente, que presenta ambigüedades normativas y la aplicación de criterios subjetivos en la calificación de méritos”.
Planteó que la reforma debe incluir una revisión integral de los criterios actuales de evaluación y establecer parámetros claros, objetivos y actualizados para calificar a jueces y fiscales. Además, enfatizó la necesidad de aplicar correctamente las pruebas psicológicas de confianza. “La falta de evaluaciones también limita las posibilidades de promoción. Los jueces no han sido evaluados desde 2017 y los fiscales desde 2011”, señaló. Añadió que los jueces que trabajan en materia penal deben ser evaluados con parámetros distintos a los que se aplican a jueces civiles o de niñez, debido a la naturaleza específica de cada función.
En el Código vigente, la evaluación se basa en parámetros cualitativos y subjetivos, por lo que propuso que la Corte sea quien los establezca de forma anual.
Por otro lado, sobre la remoción de servidores judiciales, señaló, “la norma no permite una separación inmediata por bajo desempeño”, por lo que propuso que sea causal de separación una sola evaluación insuficiente. Esto permitirá cortar la impunidad de raíz, más cuando estos funcionarios tienen procesos abiertos por vinculación a grupos de delincuencia organizada, sostuvo.
En otro aspecto, la Escuela de la Función Judicial, detalló ha perdido de vista su objetivo real, el de tecnificar al servidor judicial. Por esta razón, solicitó que se detallen mecanismos de pruebas teóricas y prácticas con notas mínimas de 80 para garantizar la calidad de los operadores de justicia, así como esclarecer que esta Escuela no es un ente académico de nivel superior, pero debe contar con docentes universitarios a fin de respaldar el conocimiento impartido.
Sobre el acceso a servicios de justicia, resaltó la importancia de establecer la mediación como política de Estado para fomentar la descongestión procesal. “No debe verse como una alternativa, sino como una política a tratar obligatoriamente”, fue su criterio. Por ello pidió también establecer que los centros de mediación sean regulados por el Consejo de la Judicatura para garantizar su buen funcionamiento.
Una vez concluida la sesión, Rosa Torres, quien preside esta mesa legislativa, señaló que las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial serán tratadas con premura, pues la ciudadanía exige cambios profundos que favorezcan una reestructuración del sistema judicial sobre la base de la transparencia.
