El pasado lunes, 30 de junio, el exvicepresidente Jorge Glas conoció la sentencia de trece años de cárcel que adoptó en su contra el Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en el caso Reconstrucción de Manabí. Quien fue presidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo y Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de la Reconstrucción, también sentenciado a trece años de prisión, fueron los dos únicos juzgados por el delito de peculado ocurrido ante un abuso de recursos públicos.
Con la sentencia como coautor de las irregularidades ocurridas con los dineros recaudados a todos los ecuatorianos para la reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto de 7.8 grados ocurrido en abril de 2016, él sumó su tercera condena por actos de corrupción cometidos en el ejercicio de la función pública.
Previamente, quien formó parte del binomio presidencial de Rafael Correa ha recibido sentencias de seis años de cárcel por asociación ilícita, parte del caso Odebrecht Ecuador, y de ocho años de prisión por un cohecho pasivo agravado juzgado en el caso Sobornos 2012-2016.
Esas dos sentencias se transformaron en una sola, al existir una unificación de penas, de la que se desprendió una pena única de ocho años de prisión. Esta privación de libertad la cumple en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.
Glas forma parte de una lista de exfuncionarios públicos que han sido sancionados en los últimos ocho años por la justicia ecuatoriana por actos de corrupción que habrían sido cometidos utilizando los cargos que ostentaban.
Las sentencias de Raúl Carrión y Carlos Pareja Yannuzzelli
Quienes más sentencias acumulan por este tipo de casos son el exministro del Deporte del gobierno correísta Raúl Carrión y el exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli. El primero mantiene seis sentencias, la mayoría aún no en firme, por delitos de peculado en su mayoría; mientras que Pareja Yannuzzelli, conocido como Capaya, tiene cinco sentencias, todas en firme, por delitos como cohecho, delincuencia organizada, tráfico de influencias, peculado y enriquecimiento ilícito.
En agosto de 2024, Carrión, quien actualmente permanece prófugo de la justicia, recibió su última sentencia. Ante la apelación de la Fiscalía, en segunda instancia, fue condenado a ocho años de cárcel por el delito de peculado. Un tribunal de la Corte Nacional lo encontró culpable del mal uso de fondos públicos en la compra de implementos deportivos cuando fue ministro del Deporte, entre 2007 y 2008.
Raúl Carrión fue el primer funcionario con rango de ministro del gobierno de Rafael Correa que fue procesado por supuestos actos de corrupción, los cuales originaron el inicio de al menos una docena de procesos penales. Una situación que quedó en la retina de la sociedad dentro de esta investigación fue que, mientras se trataba de detener a un asesor ministerial, el sospechoso intentó comerse unos cheques.
Por otra parte, a inicios de junio pasado, la jueza de Garantías Penales Melissa Muñoz negó a Carlos Pareja Yannuzzelli el pedido de unificación de penas. Su defensa buscaba que se unificaran las dos penas de diez años de cárcel por los delitos de peculado, ocurridos en la contratación de la obra para la recuperación de condensados en la Refinería de Esmeraldas. En dicha contratación existió un sobreprecio y un enriquecimiento ilícito, al haberse producido un incremento injustificado en su patrimonio de más de $ 1,2 millones, mientras ocupaba, entre el 19 de marzo de 2012 y el 29 de abril de 2016, los cargos de gerente de Refinación, gerente general de Petroecuador y ministro de Hidrocarburos.

Carlos Pareja Yannuzzelli retornó a Ecuador de Estados Unidos en agosto de 2017 para entregarse a la justicia ecuatoriana, firmó un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía, que no ha sido aplicado, y desde entonces ha permanecido detenido en diversos centros de privación de libertad de Pichincha y Tungurahua.
Coordinador de la CNA habla de la “impunidad”
El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), Germán Rodas Cháves, cree que si bien es importante que se hayan sancionado ciertos casos de corrupción y otros estén aún siendo procesados, lo preocupante para él son los casos que no han recibido sentencia, pues eso habla de impunidad en una serie de sectores públicos y privados que no han sido sancionados en su justa medida
Recuerda, como ejemplo, el que califica como un asalto hecho por Odebrecht en Ecuador. Explica, por un lado, que si bien hay uno que otro detenido o sentenciado por el tema Odebrecht, la inmensa mayoría no lo ha sido y, por otra parte, la empresa, los representantes y la gente vinculada a Odebrecht tampoco han sido sancionados. Según él, hay una sola sanción por $ 60 millones impuesta por la Superintendencia del Control del Poder del Mercado por un acto colusorio entre Celec y Odebrecht.
“De tal manera que la preocupación más bien es por la impunidad. De otros casos que también podríamos nosotros señalar es de aquellos que siguen en la venta de medicinas e insumos médicos, y estas personas denunciadas por la CNA, por ejemplo, gozan de buena salud, siguen en los negocios, siguen actuando y siguen asaltando el país. Entonces, la impunidad es desgraciadamente una especie de vaso comunicante que todavía está intocado”, expresó Rodas Cháves.
Las cuatro sentencias recibidas por Álex Bravo
Álex Bravo, exgerente de la estatal Petroecuador y pieza clave en la trama de corrupción ocurrida en esa institución petrolera, también forma parte de esta lista de exfuncionarios públicos condenados por actos de corrupción. Bravo ha recibido cuatro condenas por delitos como cohecho, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada e ingreso de objetos prohibidos a la cárcel, todas en firme.

Desde el 2 de septiembre de 2022, el exfuncionario de Petroecuador durante el periodo correísta goza del beneficio penitenciario de régimen semiabierto, es decir, salió de la cárcel para cumplir el resto de su condena usando un grillete electrónico, presentándose todos los sábados y con prohibición de salida del país.
El cambio de régimen de rehabilitación social lo resolvió José Guzmán, juez de la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias del cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, luego que se dio paso a la acumulación de penas y Bravo demostró haber cumplido más del 60 % de la pena acumulada que quedó en 100 meses de cárcel, además de otros requisitos.
En la pena acumulada solo se incluyeron las sentencias de cinco años o 60 meses por el delito de cohecho y los tres años y tres meses o 40 meses que se le impusieron a Bravo por el delito de tráfico de influencias. La sentencias de seis meses por el ingreso de objetos prohibidos a la cárcel y los 40 meses de pena por el delito de enriquecimiento ilícito no ingresaron en el análisis para la acumulación, debido a que estas condenas ya tienen declaratoria de cumplimiento.
Walter Solís y alias Diablo cuentan con dos sentencias por corrupción
Walter Solís, exministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), mantiene dos sentencias en firme y podrían avanzar a tres como Jorge Gas si se le levanta el sobreseimiento en el caso Reconstrucción de Manabí y llega a juicio. Las condenas que mantiene son de ocho años cada una por los delitos de cohecho pasivo agravado, en el caso Sobornos 2012-2016, y peculado, dentro del denominado caso Senagua.
Desde 2021, Solís mantiene la condición de refugiado en México, estatus que le fue otorgado por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Esto se dio luego que el 6 de marzo de 2020 se admitiera a trámite la solicitud.
El 20 de noviembre de 2024, el exministro de Transporte de Rafael Correa fue detenido por agentes de la Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés). Casi inmediatamente el Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló que el exfuncionario correísta contaba con la “condición de refugiado” en ese país y que lo protegía el principio de la “no devolución” al país de origen.
Con dos casos de corrupción con sentencia de primera instancia también está el expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán. El exfuncionario judicial ha recibido penas de nueve años y cuatro meses por los delitos de obstrucción de la justicia, en el caso Independencia Judicial, y delincuencia organizada, en el caso Metástasis. En ambos casos se lo ha acusado de interferir y manipular la justicia desde el cargo de titular del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.

Terán, quien es conocido con el alias de Diablo, enfrenta al momento una audiencia de juzgamiento por el delito de asociación ilícita, parte del caso Pantalla, mantiene una instrucción fiscal en el caso Vidrio Libre por asociación ilícita, además de otras investigaciones en etapa previa.
La larga lista de exfuncionarios públicos con una condena
Para el coordinador de la CNA, esta realidad de la impunidad se marca más debido a la presencia de un sistema judicial que no opera adecuadamente. Desde su perspectiva, la impunidad está de la mano de jueces que sirven más bien a los grupos delincuenciales, económicos y políticos que influyen en integrantes de la Función Judicial.
En esa medida, él insiste en que, a pesar de lo que se ha hecho —que considera importante—, queda todavía el otro lado de la orilla: aquellos que están libres gozando de impunidad, inclusive quienes han sido sentenciados, pero que en ninguno de los casos han devuelto los recursos económicos de los atracos. Y, obviamente, también están quienes no han sido sentenciados y continúan disfrutando de esos recursos ilícitamente obtenidos, que forman parte de los ambientes económicos y sociales del país. “La impunidad y la falta de recuperación de los recursos económicos asaltados constituyen una ecuación muy grave para el país”, detalló.

El expresidente Rafael Correa, los excontralores del Estado Carlos Pólit y Pablo Celi, el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas Fabiola Gallardo, los exvocales del CJ Maribel Barreno y Xavier Muñoz, el exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera, el exministro de Electricidad Alecksey Mosquera, la exministra de Transporte María de los Ángeles Duarte, los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, exsecretario de Comunicación y exsecretario de la Administración, respectivamente, entre otros, forman parte de una larga lista de exfuncionarios públicos que mantienen una sentencia relacionada con actos de corrupción.
También a esta lista se suman los exasambleístas Christian Viteri, Viviana Bonilla, ambos condenados a ocho años de prisión en el caso Sobornos; el exgerente general de Petroecuador Marco Calvopiña, sentenciado a seis años de cárcel como autor directo de una asociación ilícita relacionada con la trama de corrupción ocurrida en la estatal petrolera ecuatoriana, quien goza del beneficio penitenciario de prelibertad desde enero de 2021.
Cohecho, concusión, delincuencia organizada, asociación ilícita, obstrucción de la justicia y lavado de activos son parte de los delitos por los que han sido condenados y mantienen sentencias de primera o segunda instancia e incluso han pasado casación y están en firme. Casos como Petroecuador, Sobornos 2012-2016, Las Torres, Metástasis, Independencia Judicial, Purga, Odebrecht Ecuador, Senagua, Secom están en la lista de causas de connotación que han sido investigadas por la Fiscalía y sancionadas por jueces nacionales.
Rodas Cháves cree que el tema de la corrupción y del atraco al país sigue persistiendo y los organismos de control van muy lento para poder enfrentar esa realidad. Tiene claro que los corruptos son los más beneficiados de esta crisis en el sistema de justicia, debido a que quienes son parte de una corrupción muy avezada que viene desde el narcotráfico y de los delincuentes de cuello blanco siguen mirando que no hay normas adecuadas para enfrentarlos.
“La contratación pública en el sector público, por ejemplo, ha sido un mecanismo mediante el cual se ha fortalecido la presencia de los grupos delictivos, y la falta de decisión para cambiar radicalmente y no con remiendos esta ley es evidente. De tal manera que la lucha contra la corrupción en más de una ocasión solamente ha sido un discurso y lo más grave en otros casos ha sido solamente una tarima para candidaturas políticas. Cuando la lucha contra la corrupción debe ser una acción sistemática del conjunto de la sociedad y obviamente de las autoridades del Estado, pero la sociedad debe inmiscuirse”, concluyó.
Fuente: El Universo