A las últimas tres leyes del Gobierno sobre seguridad le ‘llovieron’ las demandas de inconstitucionalidad. La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, la Ley Orgánica de Inteligencia y la Ley Orgánica de Integridad Pública enfrentan nueve acciones de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional del Ecuador.
La ley para Desarticular la Economía Criminal vinculada al Conflicto Armado Interno, denominada de Solidaridad Nacional, enviada por el presidente Daniel Noboa con urgencia en materia económica, fue aprobada el 7 de junio de 2025, con 84 votos. El 10 de junio fue publicada en el Registro Oficial.
La Ley de Inteligencia pasó el segundo debate con 77 votos, el 10 de junio y su publicación en el Registro Oficial se hizo un día después, el 11 de junio.
Mientras que la Ley para la Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública o Ley de Integridad Pública se aprobó el 24 de junio, con 84 votos. La normativa, también enviada con carácter económico urgente, fue publicada en el Registro Oficial el 26 de junio.
Las tres iniciativas se centran en la seguridad, pero reforman múltiples cuerpos legales, lo que ha generado cuestionamientos de trabajadores, médicos, enfermeras, abogados, estudiantes, docentes y más grupos.
Ley de Solidaridad Nacional
La normativa blinda a la fuerza pública e incluye medidas de protección, prevención y reparación a personas vulnerables en zonas afectadas por el crimen organizado.
También establece incentivos tributarios quienes hagan donaciones a la Policía y Fuerzas Armadas. Además, incrementa penas para el tráfico de combustibles; faculta adecuaciones al sistema de rehabilitación social; y garantiza un indulto diferido, que evita que policiales y militares sean sujetos de prisión preventiva.
En contra de esta ley se presentaron cuatro demandas en la Corte.
La primera la ingresó el ciudadano Gabriel René Salvador, 13 de junio. Salvador demandó desde el artículo 1 hasta el 139. La causa fue inadmitida por la jueza Teresa Nuques, por no cumplir con la Ley de Garantías Jurisdiccionales.
El 20 de junio, el director nacional de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, presentó la segunda acción en contra de los artículos 1, 2 y 3, y la disposición reformatoria segunda. La acción recayó sobre el juez José Luis Terán.
Una tercera demanda fue ingresada el 25 de junio por el abogado Erick Orlando Gavilánez. Alí Lozada es el magistrado que debe tramitar este recurso.
La segunda y la tercera fueron admitidas a trámite, aunque la Corte Constitucional no dio paso a las medidas cautelares que buscaban la suspensión provisional de varios artículos de la norma.
A su vez, las demandas fueron acumuladas en una sola causa, que continuará su tratamiento en la fase de sustanciación.
La cuarta acción de inconstitucionalidad llegó a la Corte el 2 de julio. Once ciudadanos, entre ellos activistas y abogados especializadas en derechos humanos como Ana Cristina Vera, Billy Navarrete, Fernando Bastías y Sybel Martínez.
Quienes integran la Alianza por los Derechos Humanos demandaron los quince primeros artículos de esta ley. Esta causa se radica en el despacho del juez Jhoel Escudero y no hay un pronunciamiento.
Entre otros puntos, en estas cuatro demandas los accionantes impugnaron artículos polémicos de la Ley de Solidaridad relacionados con:
- Establecimiento jurídico especial para el conflicto armado interno, indulto presidencial a policías y militares, en medio del conflicto armado
- Donaciones a la fuerza pública a cambio de rebaja de impuestos
- Penalizaciones en contra de personas que cometan delitos en el marco del conflicto armado interno
Ley de Inteligencia
La ley, impulsada como proyecto en el 2008, contiene 58 artículos, cinco disposiciones generales, una transitoria, cuatro disposiciones derogatorias que elimina 14 textos de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, así como de la Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos.
Entre otras cosas, la normativa establece que los organismos de inteligencia no tendrán que pedir autorización judicial para interceptar llamadas telefónicas, abrir o interceptar documentos como parte de sus operaciones encubiertas.
Además, crea el Sistema Nacional de Inteligencia para realizar actividades y operaciones de inteligencia y contrainteligencia, para alertar y asesorar en la toma de decisiones en el más alto nivel, buscando anticipar, evitar o neutralizar, amenazas y riesgos que afecten a la seguridad integral del Estado.
La demanda la presentaron organizaciones sindicales como el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular, la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres y cuatro grupos sociales más, el 4 de julio de 2025.
Los gremios solicitaron a la Corte Constitucional la anulación de artículos relacionados con:
- El establecimiento del marco jurídico del Sistema Nacional de Inteligencia
- Realizar actividades y operaciones de inteligencia y contrainteligencia
- Integración del subsistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
- Obligación de entidades públicas y organismos de apoyo para entregar bases de datos e información
- La facultad para que el Sistema Nacional de Inteligencia solicite la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones.
Ley de Integridad Pública
Esta norma fue la última aprobada en el pleno de la Asamblea Nacional y la segunda económica urgente del Ejecutivo, que el Legislativo aprobó luego de la posesión presidencial de Daniel Noboa el 24 de mayo.
La Ley de Integridad, cuyo objetivo era fortalecer el sistema de contratación pública, reformó más de 20 cuerpos legales como: el Código de la Niñez y Adolescencia; el Código Orgánico Integral Penal; el Código de la Función Judicial; la Ley de Transporte Terrestre y Tránsito; el Código Orgánico Monetario y Financiero; la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; la recién aprobada Ley de Solidaridad Nacional; la Ley de Movilidad Humana, y otros.
Entre otras cosas, la normativa endureció penas para adolescentes que cometan delitos graves, facultó la declaratoria de emergencia en el sistema judicial, regularizó la evaluación a funcionarios públicos, centralizó la compra de medicamentos y más.
Esta ley enfrenta cuatro demandas de inconstitucionalidad.
La primera la presentó la Unión Nacional de Educadores (UNE), el 30 de junio y recayó en el despacho del juez José Luis Terán.
La UNE rechaza el artículo 6, la disposición reformatoria tercera y la disposición reformatoria décimo sexta.
Ese mismo día ingresó una segunda demanda por parte de los abogados Ricardo David Luna y Stalin Fernando Rivera. La causa se encuentra a cargo de la magistrada Alejandra Cárdenas. Los juristas demandaron la disposición transitoria décima primera.
La tercera demanda la presentó el abogado Adolfo Fernando Espinel y la Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros, como tercer interesado. La acción ingresó en la Corte Constitucional el 1 de julio.
La cuarta acción fue impulsada por los representantes de Unidad Popular, a través de su director nacional, Geovanni Atarihuana, y tres dirigentes más, el 3 de julio.
Los demandantes coinciden en que la Ley de Integridad vulnera el principio de unidad de materia y exigieron a la Corte Constitucional que suspenda artículos que reforman las diferentes leyes y códigos, relacionados con:
- Reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) que regula la evaluación a funcionarios públicos.
- La eliminación del artículo 89 de la Losep sobre la estabilidad laboral en el sector público.
- La modificación al sistema de contratación pública, que centraliza la compra de medicamentos.
- Reforma a la figura de contratos ocasionales.
- Reformas al Código de la Niñez que endurecen penas a niños y adolescentes infractores.
- La deportación de extranjeros que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado interno.
- Facultad del presidente de la República para suprimir órganos o entidades públicas de la administración pública central.
- Facultad del Consejo de la Judicatura para declarar la emergencia en la Función Judicial.
- La decimoprimera disposición transitoria, que dispone que las cooperativas de ahorro y crédito se transformen en sociedades anónimas del sector financiero privado.
Otras medidas
Además de las acciones públicas de inconstitucionalidad, organizaciones como la UNE, FUT, Frente Popular, FEUE, la Federación Médica Ecuatoriana, la Asociación de Enfermeras y más anunciaron medidas de hecho como movilizaciones y plantones.
Para el 11 de julio y el 16 de julio, la UNE y la FEUE anunciaron movilizaciones, en Quito, en rechazo a las leyes del Ejecutivo.
Fuente: El Universo
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