Representantes del movimiento Unidad Popular presentaron este 3 de julio de 2025 una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de Ecuador, contra varios artículos y disposiciones de la recién aprobada Ley Orgánica de Integridad Pública.
La acción legal fue ingresada en la sede de la Corte, ubicada en el centro norte de Quito, y estuvo acompañada de declaraciones en las que se anticipan movilizaciones ciudadanas para rechazar el contenido de la norma.
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Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, calificó a la Ley de Integridad Pública como un “revoltijo” que afecta a amplios sectores sociales, incluyendo a servidores públicos, adolescentes y cooperativistas.
La demanda se sustenta en supuestas violaciones tanto de forma como de fondo, entre ellas, la falta de unidad de materia en el trámite legislativo y la afectación a derechos laborales adquiridos.
Uno de los puntos cuestionados es el cambio en la edad para acceder a la compensación por jubilación, que según Atarihuana, obligaría a servidores públicos a retirarse cinco años después de lo establecido anteriormente.
También se critica la posibilidad de despidos masivos en el sector público y la reducción de la estabilidad laboral en áreas clave como salud, educación y servicios básicos.
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Otro eje de la demanda es la Disposición Transitoria Décimo Tercera, que establece una remisión tributaria. “Se pretende perdonar deudas por más de USD 4.000 millones a grandes contribuyentes como telefónicas, mineras, emisores de tarjetas de crédito y la Corporación Noboa”, dijo Atarihuana.
Representantes de Unidad Popular, en los exteriores de la Corte Constitucional, donde ingresaron una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de Integridad Pública.API
Por su parte, Natasha Rojas, también dirigente de Unidad Popular, denunció que la ley vulnera derechos de niños y adolescentes al permitir, según su lectura, sanciones penales equiparables a las de adultos.
“Esta ley Frankenstein desconoce el principio del interés superior del niño y desmonta el sistema penal juvenil”.
Natasha Rojas, dirigente de Unidad Popular
Rojas cuestionó las reformas al sistema judicial y la declaratoria de emergencia que permitiría, según dijo, imponer jueces afines al Gobierno.
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La acción presentada solicita a la Corte Constitucional medidas cautelares para suspender la vigencia de la norma mientras se tramita la causa.
En el documento, los demandantes también piden adelantar el orden cronológico de análisis, argumentando que la ley puede provocar un “daño grave e irreversible” a derechos constitucionales.
La Ley de Integridad Pública fue publicada en el Registro Oficial el 26 de junio de 2025, tras ser tramitada por la Asamblea Nacional como un proyecto de urgencia económica enviado por el Ejecutivo.
Unidad Popular no descarta acompañar esta acción legal con protestas en las calles, junto con organizaciones como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Unión Nacional de Educadores (UNE).
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