En esta ocasión, las observaciones para la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), orientada a recategorizar las contravenciones de tránsito, fortalecer la seguridad vial preventiva y reducir la carga procesal en materia de tránsito en los juzgados del país, provinieron del Consejo de la Judicatura, la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional y la Federación Nacional de Transportistas Pesados del Ecuador (Fenatrape).
En efecto, el director general del Consejo de la Judicatura, Mauricio Maruri, destacó la pertinencia del proyecto, el cual, a su criterio, debe considerar cuatro ejes fundamentales: aliviar la carga procesal; reforzar el principio de proporcionalidad en las sanciones; promover el uso de tecnología judicial; y potenciar los mecanismos de justicia reparativa.
Asimismo, sugirió conformar mesas de trabajo conjuntas con la Agencia Nacional de Tránsito, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura y esta comisión, con el propósito de alinear competencias y fortalecer la labor interinstitucional.
Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador, Oswaldo Guamán, en representación de 16.500 transportistas, recordó que “este sector se encuentra seriamente afectado”, debido a que no existe una sanción expresa para quienes infringen lo establecido en el artículo 386 del COIP. Precisó que, pese a las infracciones, no es posible la retención de los vehículos que no cuentan con el respectivo título habilitante. “Hay varias unidades ilegales”, afirmó.
De su lado, el representante del transporte pesado, Luis Felipe Vizcaíno, informó que actualmente existen 250 mil camiones al servicio del país. Cuestionó la informalidad y la circulación de vehículos ilegales que no disponen de permisos de operación. Señaló que, en algunas ciudades, “se camuflan como vehículos de cuenta propia sin cumplir con los requisitos” y cuestionó además la existencia de “radares tragamonedas” en las carreteras.
Durante el debate, los legisladores solicitaron ampliar la información sobre el déficit de vehículos para la prestación de servicios de transporte escolar, el alcance del transporte por cuenta propia y los servicios que se brindan en las comunidades. Asimismo, señalaron la falta de un reglamento específico para esta materia.
AM
