El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que ha detectado múltiples irregularidades en el uso de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), una figura jurídica diseñada para facilitar el emprendimiento, pero que en varios casos ha sido empleada para evadir impuestos, simular operaciones económicas y subdeclarar ingresos.
Las SAS son empresas que pueden ser creadas por una o más personas naturales o jurídicas, a través de un trámite simplificado y gratuito ante la Superintendencia de Compañías.
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No requieren un capital mínimo y permiten realizar cualquier actividad mercantil, salvo aquellas reguladas por leyes específicas, como seguros, mercado de valores o actividades vinculadas a sectores estratégicos.
En cinco años se han registrado más de 69 mil SAS en el país. Sin embargo, según el SRI, parte de estas compañías han sido constituidas solo en papel y han servido como vehículo para evitar obligaciones tributarias.
Uno de los casos más relevantes, según el director del SRI, Damián Larco, involucra a 23 SAS constituidas en 2023 y 2024 que reportaron exportaciones de minerales por hasta USD 90 millones. Pero al verificar los domicilios registrados en el RUC, la administración tributaria no los encontró, lo que levantó alertas sobre la veracidad de las operaciones.
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Ante estas anomalías, el SRI suspendió los RUC correspondientes y activó procesos de fiscalización sobre contribuyentes relacionados con la actividad minera.
Además, cerca de 800 SAS habrían declarado ingresos menores a los reales durante 2022 y 2023, generando una evasión estimada en USD 4 millones, según cruces de información con facturación electrónica.
Otro hallazgo relevante es que más de 3.500 SAS con actividad económica no están emitiendo comprobantes electrónicos, pese a estar obligadas por ley.
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Incluso se identificó que algunos profesionales constituyeron SAS para tributar menos, al pasar de personas naturales a empresas, beneficiándose de una tarifa de Impuesto a la Renta más baja. El SRI advirtió que se fiscalizará a este grupo, más allá de la forma jurídica que utilicen.
Larco explicó que estos hallazgos son parte de un programa de control que compara los ingresos declarados con los reportados por medios electrónicos, con el objetivo de asegurar el cumplimiento tributario y frenar la evasión.
A esto se suma la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, desde el 10 de junio de 2025, que restringe el uso de las SAS en actividades como operaciones financieras, mercado de valores, seguros, minería y otras relacionadas con sectores estratégicos.
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El SRI anunció que continuará con fiscalizaciones focalizadas para detectar y sancionar el uso indebido de esta figura, que originalmente fue pensada para formalizar emprendimientos y dinamizar la economía.
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