Gremios proponen requisitos más estrictos y profesionalización para administradores de contrato

“En la administración pública no se puede designar a cualquier servidor como administrador de contrato”, fue una de las observaciones presentadas por Lorena Flores, presidenta del Colegio de Profesionales en Contratación Pública, en relación con la reforma en esta materia que se analiza en la Comisión de Régimen Económico y Tributario.

La representante del gremio de profesionales en contratación pública precisó que varias de las reformas propuestas en el actual proyecto deben ser excluidas, ya que están contempladas en la reciente Ley Orgánica de Integridad Pública.

No obstante, señaló que es necesario considerar temas como la limitación del procedimiento de Régimen Especial entre entidades públicas; el requisito de contar con al menos cinco años de experiencia para ejercer el cargo de director general del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP); incentivos para los administradores de contrato; causales para la declaratoria de desierto; la inclusión de ruedas de negocios en la etapa preparatoria; la reducción de plazos para la suscripción de contratos en el sector salud; y la ampliación del catálogo de medicamentos.

La mesa legislativa también recibió los criterios de Pablo Dávila, representante de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, quien recordó que Ecuador es el país con mayor número de procedimientos en esta materia. Expresó su preocupación por las compras que el Estado necesita realizar actualmente, debido a que aún no se cuenta con las herramientas, reglamentos ni pliegos establecidos conforme a la nueva normativa.

Dávila concluyó que, para esta segunda reforma normativa, es fundamental incluir conceptos de vanguardia y elevar la calidad de la contratación pública. En esta línea, manifestó su desacuerdo con que el SERCOP forme parte de la Función Ejecutiva, y propuso que debería funcionar como una superintendencia.

Por su parte, los legisladores consideraron varios temas, entre ellos, las inquietudes de la Coalición de la Economía Popular y Solidaria; la implementación de un catálogo dinámico inclusivo; el control en la fase preparatoria; la capacitación y formación de los administradores de contrato; las compras en la Amazonía; y las contrataciones en los gobiernos autónomos descentralizados, entre otros aspectos.

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