La recién aprobada Ley Orgánica de Integridad Pública de Ecuador, entre cuyas medidas establece el endurecimiento de penas contra menores de edad infractores, ha preocupado a organismos como Unicef, que calificó la norma de «reformas regresivas al sistema penal juvenil que afectan gravemente a los adolescentes».
El proyecto de ley, que también contiene reformas a una veintena de normas vigentes como de movilidad humana, tránsito, función judicial, el código de la niñez y adolescencia, fue aprobada con 84 votos a favor de 148 legisladores presentes en el Pleno en Quito, la tarde del 24 de junio de 2025.
El texto sufrió cambios de última hora y aborda cuatro ejes:
Contratación pública
El fortalecimiento institucional del sector público
La gestión pública en su conjunto
Y la erradicación de redes delictivas que amenazan a la niñez del país.
Precisamente, en este último eje del texto se incluye el endurecimiento de penas para adolescentes infractores o que hayan cometido un delito relacionado con el crimen organizado en Ecuador.
¿Qué dice el texto aprobado sobre los menores de edad? La norma establece penas de hasta 15 años de privación de libertad para menores de edad que cometan delitos de gravedad relacionados con el crimen organizado, como homicidios.
«Van a tener un endurecimiento de la sanción de hasta 15 años, es decir van a ser juzgados como adultos», dijo la asambleísta oficialista de ADN, Valentina Centeno, durante la sesión.
Agregó que los adolescentes que delaten a los reclutadores podrán rebajar su pena «hasta un 50%».
Y defendió que «esta ley no es contra los adolescentes, es contra las mafias que los usan, es contra la impunidad».
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Hasta antes de la norma, los adolescentes infractores no eran encarcelados en prisiones ‘convencionales’ de Ecuador, sino que eran llevados a centros de aislamiento provisionales. Eran juzgados como menores de edad, y la máxima pena que podían recibir era ocho años de reclusión.
La reciente ley aprobada, la segunda enviada por el presidente Daniel Noboa en calidad de económico urgente, llega en momentos de una espiral de violencia en Ecuador. La tasa de homicidios creció de seis por cada 100.000 personas en 2018 a 38 en 2024, con el récord histórico de 47 en 2023.
Preocupación de organizaciones sociales
La Unicef en Ecuador expresó su «preocupación por la incorporación de reformas regresivas» y señaló lo siguiente en su comunicado:
Medidas similares sobre las penas a menores de edad «no han demostrado ser efectivas».
El organismo indica que la norma «podría empeorar la situación del sistema penitenciario».
Además, indicó que la ley contraviene la Constitución ecuatoriana y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Esto «va a resultar es un masivo encarcelamiento de adolescentes que se van a perfeccionar en los delitos y que van a salir a tempranas edades a seguir delinquiendo porque no van a conocer otra realidad», dijo a la agencia AFP la abogada Consuelo Bowen, de la organización Cepam, que acompaña a mujeres y familias víctimas de violencia.
Bowen agregó que «al final lo que se busca es únicamente la punición. (Esta medida) hace que la sociedad no asuma su responsabilidad con respecto a la niñez y adolescencia en el Ecuador».
El año pasado, más de 3.500 los menores fueron detenidos en operativos contra las bandas criminales, según confirmó el ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista con la agencia EFE.
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