La Audiencia Nacional de España ha decidido acceder a la solicitud de extradición de William Joffre Alcívar Bautista, alias Comandante Willy, presunto cabecilla de la banda criminal Los Tiguerones, requerida por Ecuador por delitos de terrorismo. No obstante, la entrega estará sujeta a condiciones estrictas relacionadas con los derechos humanos.
Este 24 de junio, la justicia española notificó que Ecuador dispone de un plazo de tres meses para garantizar de forma efectiva los derechos a la vida e integridad personal de Alcívar en caso de ser encarcelado en territorio nacional. El tribunal exige que se adopten las medidas recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la protección de reclusos, ante la crítica situación del sistema penitenciario ecuatoriano.
Además, se solicita que las condiciones en las cárceles del país se normalicen, de acuerdo con los dictámenes de los órganos regionales de observación de derechos humanos. Solo de cumplirse estos requisitos, la extradición será ejecutada.
¿Por qué se requiere a ‘Comandante Willy’?
Alcívar es considerado por las autoridades ecuatorianas como el líder de Los Tiguerones y está vinculado a varios hechos violentos, entre ellos el asalto armado a las instalaciones del canal TC Televisión en enero de 2024, en medio de una transmisión en vivo.
Durante ese atentado, un grupo armado ingresó al canal, neutralizó al personal y colocó explosivos en la chaqueta de un presentador, a quien obligaron a suplicar por su vida en cámaras. Además, forzaron a los empleados a pedir públicamente a la Policía que se retirara del lugar.
Por este hecho, Ecuador emitió una orden de prisión preventiva y activó una notificación roja de Interpol. Alcívar fue capturado en octubre de 2024 en territorio español.
Garantías como requisito para la justicia
Pese a rechazar los argumentos de la defensa para evitar la extradición, el tribunal español enfatizó que la situación de violencia carcelaria en Ecuador requiere garantías formales y verificables antes de concretar cualquier traslado del procesado. De no cumplirse con los requisitos en el plazo establecido, la extradición podría ser suspendida o anulada.
El Gobierno ecuatoriano aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre cómo planea responder a estas exigencia
KG
