Los ojos quedaron puestos sobre el Consejo de la Judicatura (CJ) luego de la comparecencia del fiscal General del Estado subrogante, Wilson Toainga, a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en Quito, este 23 de junio.
El funcionario acudió dentro de la investigación que realiza la mesa legislativa a los operadores de justicia (jueces y fiscales), que con sus actuaciones y decisiones supuestamente favorecieron a peligrosos delincuentes.
Por un lado, Toainga recordó que los fiscales sustentan los casos y formulan cargos con base a los partes de aprehensión elaborados por policías y que, con los elementos que ahí constan, piden o no prisión preventiva para los sospechosos.
Finalmente, reiteró que son los jueces los que tienen la ultima palabra.
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Pero también criticó a la Asamblea, porque no se ha creado hasta ahora una legislación de excepción para proteger a los operadores de justicia que enfrentan al crimen organizado en una situación diferente, porque no se trata de delincuencia común.
«Si bien deben cumplir el rol de fiscalizar a los operadores de justicia, también necesitamos un respaldo. No podemos seguir a la deriva ¿Quién respalda nuestra seguridad y la de nuestras familias? Nadie».
Wilson Toainga, fiscal General del Estado
Procesos disciplinarios a fiscales
Toainga reconoció que no todos los fiscales actúan de forma correcta, pero recordó que no es la Fiscalía General del Estado la que ejecuta los procesos disciplinarios administrativos contra los infractores.
Ese rol está en manos del Consejo de la Judicatura (CJ), entidad que ha recibido en el último tiempo 68 denuncias por un supuestos error manifiesto por parte de operadores de justicia, sancionando apenas a siete fiscales y ocho jueces, señaló Toainga.
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Ante los cuestionamientos de que existe corrupción en la Fiscalía y que incluso habría fiscales que cobran por determinados casos, Toainga señaló: «Ninguna entidad del Estado puede decir que no está permeada (por la corrupción)».
Déficit de investigadores
Los lamentos de Toainga luego se trasladaron a la Fiscalía, donde dijo que desde 2019, habría efectuado 16 pedidos para que la Judicatura asigne más fiscales a nivel nacional, sin obtener respuesta.
El fiscal reveló que el último concurso para elegir fiscales se hizo en 2015.
Esto ha provocado una falta de fiscales a nivel nacional y que el país tenga una media de investigadores muy por debajo del promedio regional recomendado.
En la actualidad, hay 887 agentes fiscales operando y el cálculo de Fiscalía es que deberían ser, al menos, 600 más.
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El próximo 25 de junio está previsto que comparezcan las principales autoridades del Consejo de la Judicatura y los legisladores anunciaron una serie de preguntas con respecto a las sanciones y los concursos no ejecutados.
El presidente de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, de Acción Democrática Nacional (ADN) señaló que de estas comparecencias saldrán propuestas de reformas legales.
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