El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, firmó el Decreto Ejecutivo N.º 36, mediante el cual se introducen reformas al Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, con el objetivo de optimizar el uso de recursos estatales. Entre los principales cambios se destacan restricciones en la contratación de seguros de salud privados y en la adquisición de vehículos para uso institucional.
El decreto prohíbe de forma expresa que las instituciones del Estado contraten seguros médicos privados con dinero público para sus funcionarios. “Se prohíbe expresamente la contratación de seguros privados de salud pagados por parte del Estado para las y los servidores públicos con recursos del Estado”, señala el documento.
Solo se permitirán seguros de vida para servidores públicos que desempeñen funciones de riesgo, siempre que se cuente con disponibilidad presupuestaria y conforme a los parámetros que emita el Ministerio del Trabajo.
En cuanto a los viajes internacionales por comisión de servicios, se establece como obligación la contratación de un seguro médico internacional con cobertura total, excepto si el viaje es financiado por terceros que ya incluyen ese servicio.
En el ámbito de transporte, el decreto endurece las condiciones para adquirir vehículos en el sector público. Se mantiene la prohibición de adquirir autos de alta gama, salvo para tareas relacionadas con seguridad o funciones operativas especiales. En estos casos, las compras deberán justificarse con informes de riesgo y contar con aprobación de la Secretaría General Administrativa de la Presidencia.
El documento también suprime disposiciones del Decreto Ejecutivo N.º 457 de junio de 2022, eliminando artículos que limitaban la adquisición de ciertos bienes, y reforma el artículo 21 para establecer que toda compra de vehículos debe contar con autorización previa según su finalidad.
Además, se asigna al Ministerio de Relaciones Exteriores la responsabilidad de regular la compra de automotores para las misiones diplomáticas en el exterior, y se encomienda al Ministerio del Trabajo y al Servicio Nacional de Contratación Pública emitir las directrices necesarias para aplicar las nuevas disposiciones.
Finalmente, el decreto determina que cualquier gasto derivado de estas reformas deberá contar con la debida certificación presupuestaria, conforme a las normas del manejo financiero del Estado.
KG