El 1 de marzo de 2008 el gobierno colombiano ejecutó la operación Fénix y bombardeó un campamento de las FARC que se encontraba en Sucumbíos, dejando 25 muertos. El ataque se realizó en territorio ecuatoriano y el gobierno del momento se enteró solo porque las autoridades colombianas se lo comunicaron y lo hicieron público.
Como respuesta a esa crisis, en 2009, el gobierno de Rafael Correa inició una reforma del Sistema Nacional de Inteligencia, que hasta el momento reposaba por separado en la Policía y las Fuerzas Armadas. Entonces, y creó la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), como máxima autoridad para consolidar el sector y que funcionó durante nueve años.
Nueva Ley de Inteligencia en Ecuador: Quiénes conforman el Sistema Nacional de Inteligencia y cómo funciona
En 2018, Lenin Moreno la ‘cerró’, en el contexto de sus medidas de austeridad, justificando la decisión en las irregularidades en el manejo de los fondos reservados (84% de su presupuesto) y en los excesos de la entidad.
Sin embargo, solo se transformó en el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), bajo la idea de cambiar otra vez el Sistema. Esa misma entidad es ahora dirigida por un amigo del presidente Daniel Noboa, el empresario guayaquileño Michele Sensi-Contugi.
Y, en medio de la crisis de inseguridad y la escalada de violencia en el país, este nuevo Gobierno también ofreció una tercera reforma al Sistema. En ese camino, el Mandatario planteó, ya una vez reelecto, una nueva Ley en la materia, que entró en vigencia el 11 de junio.
El proyecto ha sido duramente cuestionado por las amplias facultades que le otorga al CIES y los funcionarios del Sistema de Inteligencia, que incluye a siete instituciones, entre ellas las fuerzas públicas. Por lo que ya ha sido demandado por una supuesta inconstitucionalidad.
Pero, con o sin proyecto, es evidente que Ecuador no tiene un sistema que ayude a las fuerzas del orden a garantizar la seguridad de los ciudadanos y de la soberanía territorial.
Por ejemplo, apenas a inicios de junio un pelotón de 37 militares tuvo que retroceder tras un encuentro sorpresa, en Sucumbíos, con un grupo armado de 210 hombres, supuestamente de una disidencia de las FARC, que los superaban también en armamento.
Angostura, la primera gran evidencia
El ataque de Angostura dejó en evidencia las fallas críticas de las autoridades ecuatorianas en materia de seguridad. Y dio paso a un proceso interno de investigación sobre el desempeño y funcionamiento de los servicios de inteligencia de la época.
Esto es lo que dicen los artículos más polémicos de la nueva Ley de Inteligencia
El informe final de la Comisión para la Investigación de los Servicios de Inteligencia Militares y Policiales determinó que había una desconexión entre el nivel político-estratégico y los sistemas de inteligencia, una desconfianza institucional y celos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Por lo tanto, existía una «extrema debilidad en la formulación de las líneas de acción, en la determinación de objetivos y en la coordinación entre los órganos de inteligencia militar y policial, produciendo ineficacia, superposición de actividades, interferencia y falta de una actuación sinérgica».
A lo que se sumó la confirmación de una penetración profunda de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en las filas militares y policiales, especialmente en las áreas de inteligencia y una dependencia económica informal de los recursos que les brindaba la Casa Blanca.
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