La recién aprobada y publicada Ley Orgánica de Solidaridad Nacional enfrenta su primera demanda por supuesta inconstitucionalidad en el Corte Constitucional (CC).
El denunciante es el ciudadano Gabriel Salvador Lema que ingresó el escrito pasado 12 de junio. La causa ya fue sorteada y la ponente será la jueza constitucional Teresa Nuques.
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El proyecto de ley fue enviado el 17 de mayo por el presidente Daniel Noboa. La Asamblea lo aprobó, con múltiples modificaciones, el 7 de junio, y Noboa dispuso su publicación tres días después, sin ninguna observación.
Según Salvador, la norma estaría incumpliendo la Constitución, pero también tratados internacionales firmados por Ecuador. A su criterio, la norma adolece de siete irregularidades, descritas a continuación:
La ley tendría artículos que pretenden estar por sobre la Constitución.
Cuestiona la unidad de materia al haberse incluido en una ley urgente en materia económica con reformas de tipo penal.
No respetaría el orden jerárquico constitucional de aplicación de las normas.
Recuerda que el concepto de conflicto armado interno, aplicado en la normativa para justificarla, no ha sido avalado y más bien ha sido descartado en sentencias de la Corte Constitucional.
La norma otorgaría funciones o atribuciones excepcionales al presidente de la República, por encima de la Constitución y los derechos humanos.
La figura del indulto presidencial con efecto diferido no estaría acorde con lo que señala la Constitución y las leyes.
La norma habla de beneficios tributarios para quienes hagan donaciones a la fuerza pública, esto, según en demandante, quita el carácter progresivo y de equidad del sistema de tributos.
Pretensión de la Demanda
En su escrito, Salvador solicita a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad la ley Orgánica de Solidaridad Nacional y lo expulse definitivamente del ordenamiento jurídico ecuatoriano.
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Además, pretende que se notifique a la Asamblea Nacional, que aprobó la ley con 84 votos, con las supuestas ilegalidades cometidas y la falta de control en la que habría caído al aprobar la normativa.
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