El ministro del Interior, John Reimberg, compareció este lunes 16 de junio ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde cuestionó el papel de jueces y fiscales en el combate al crimen organizado. Durante su intervención, el funcionario criticó errores procesales y la aplicación de medidas cautelares que han derivado en la liberación de presuntos delincuentes.
“El Ecuador merece respuestas de sus entes de justicia”, declaró Reimberg, al tiempo que defendió el trabajo de la Policía Nacional y solicitó que las decisiones judiciales se alineen con el interés público y el bienestar ciudadano.
Reimberg enfatizó que los servidores policiales «arriesgan su vida por defender la nuestra», por lo que consideró inaceptable que ciertos fallos judiciales contradigan los esfuerzos institucionales por contener la delincuencia. En ese sentido, expuso datos sobre detenciones, operativos y desarticulación de bandas delictivas, e hizo un llamado a una lucha coordinada entre los poderes del Estado.
«Jueces y fiscales deben estar del lado correcto de la historia»
En uno de los momentos más enfáticos de su intervención, el Ministro instó a los operadores de justicia a actuar con responsabilidad: “Los jueces y fiscales deben estar del lado correcto de la historia”. Advirtió que decisiones que favorecen la impunidad afectan directamente la seguridad ciudadana y debilitan la confianza en el sistema judicial.
Policía respalda pedido de corresponsabilidad
En la misma sesión participó el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, quien respaldó las declaraciones del ministro y subrayó la necesidad de una corresponsabilidad institucional.
“Seguiremos trabajando con decisión y transparencia junto a la ciudadanía, el Estado y los órganos de justicia”, señaló Dávila, al destacar que la seguridad es una tarea compartida y que sin una coordinación efectiva entre todas las instituciones, la paz no será posible.
Ambos funcionarios coincidieron en que el combate al crimen organizado requiere no solo acciones operativas, sino también un respaldo judicial firme que impida que los detenidos regresen a las calles.
KG
