El pasado 8 de junio de 2025, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) de Quito ordenó la clausura del Estadio Olímpico Atahualpa tras detectar “graves faltas a las normas de seguridad contra incendios”. Inspecciones del Cuerpo de Bomberos revelaron cilindros de gas (GLP) almacenados en malas condiciones y bajo llave dentro de locales internos, lo cual representa un peligro importante para eventos masivos . Se colocaron sellos de clausura en accesos y boleterías, y se impuso una multa de US$ 4 700, cuyo pago ya efectuó la administradora —la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP)—, aunque todavía se espera una nueva inspección técnica como requisito para levantar la medida .
Contexto institucional y reacciones
La clausura llega en un momento político y administrativo tenso. El Municipio, liderado por el alcalde Pabel Muñoz, aprovechó la situación para anunciar acciones legales para revertir la donación del estadio a la CDP, que data de 1966, argumentando incumplimientos contractuales —como falta de mantenimiento, entrega de entradas gratuitas y uso indebido de espacios— . La CDP, por su parte, respondió rechazando la intervención, afirmando que el estadio «no es del Municipio» y defendiendo la inversión realizada desde octubre de 2023; además, mostró disposición a recurrir por vías legales . Clubes como Liga de Quito y Deportivo Quito respaldaron la clausura, señalando que las condiciones actuales del Atahualpa no garantizan la seguridad del público .
Próximos pasos y plan municipal
Tras el pago de la multa y la colocación de sellos de clausura, aún hace falta la inspección semifinal del Cuerpo de Bomberos para evaluar si se cumplen los requisitos de seguridad . A la par, el Concejo Metropolitano se reunió el 11 de junio para avanzar en el proceso de reversión del estadio, mientras que el Ministerio del Deporte anunció en esa misma fecha una intervención a la CDP mediante un comité de crisis para asegurar la trazabilidad y operatividad del complejo deportivo . El municipio adelantó un plan emergente con nueve acciones —como estudio estructural, mejoras en baños, cabinas, gimnasios, fachada y gestión con sector privado—, prometiendo un informe detallado en 30 días, aunque sin precisar montos ni plazos . (NLA)
