Una coalición de 50 organizaciones de la sociedad civil expresó su rechazo frontal a la Ley Orgánica de Inteligencia actualmente aprobada en la Asamblea Nacional.
En un pronunciamiento conjunto, calificaron a la ley como una amenaza directa a los derechos humanos, la democracia y el control ciudadano en Ecuador.
“El país necesita seguridad, sí, pero no a costa de las libertades. Esta ley, construida en las sombras y con escasa cobertura mediática, sienta las bases para un sistema de inteligencia opaco, autoritario y peligrosamente alejado del estado de derecho”, advierten las organizaciones firmantes.
¿Qué denuncian?
Entre los principales cuestionamientos a la ley se destaca la violación del derecho a la privacidad y al debido proceso.
Las organizaciones alertan que la ley permite el acceso a datos personales y comunicaciones sin orden judicial, lo que habilitaría un sistema de vigilancia masiva, inconstitucional e incontrolado sobre la ciudadanía.
También denuncian que el texto exime de responsabilidad penal, civil y administrativa a los agentes de inteligencia que cometan abusos en el ejercicio de sus funciones, lo que equivale a crear “un sistema paralelo de impunidad”.
Otro punto crítico es la imposición legal para que instituciones, empresas y ciudadanos entreguen información al aparato de inteligencia sin garantías de confidencialidad, ni posibilidad de oposición o defensa.
“Esto deja a todos los actores sociales a merced del poder estatal, sin mecanismos de protección o recurso alguno”, advierten.
Además, se critica que la ley legaliza el uso de gastos reservados sin auditorías ni controles externos, y permite una politización del sistema de inteligencia, al dejar el control de su ente rector directamente en manos del presidente de la República.
Efectos democráticos
Las organizaciones alertan que este modelo debilita la transparencia institucional al clasificar información de forma arbitraria como “secreta”, dificultando el trabajo periodístico y el acceso ciudadano a datos relevantes.
Asimismo, señalan que la norma contradice estándares internacionales de derechos humanos, como lo establecido en el caso Cajar vs. Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que los sistemas de inteligencia deben proteger los datos personales y garantizar los derechos a la cancelación, corrección y actualización.
Además, piden que la Superintendencia de Protección de Datos Personales se pronuncie urgentemente sobre el riesgo que representa el acceso sin consentimiento a datos personales.
“No se combate la violencia con más opacidad ni entregando al Estado herramientas para violar derechos”, concluyen. Para las organizaciones, no hay seguridad sin democracia, ni democracia sin control ciudadano.
Radio Pichincha
