El Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha identificado más de 240 concesiones mineras de mediana y gran escala que no han ejecutado las inversiones comprometidas, estimadas en más de $4.800 millones. Por ello, el Gobierno implementará una nueva tasa de fiscalización al sector, con la expectativa de recaudar $100 millones en 2025 y $200 millones en 2026.
Javier Subía, viceministro de Minas, explicó que los recursos recaudados permitirán fortalecer las capacidades de control de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), con el objetivo de combatir la minería ilegal y supervisar mejor las concesiones vigentes. La tasa se calculará según un porcentaje del salario básico por cada hectárea concesionada y variará según el tipo de régimen minero. Su aplicación arrancará en julio.
Las concesiones bajo observación fueron entregadas antes del cierre del catastro en 2018 y permanecen inactivas, sin avances en la fase de exploración. Esto ha facilitado, según Subía, que grupos ilegales operen en esos territorios. Añadió que se evaluará caso por caso y que el incumplimiento de los compromisos de inversión podría derivar en la reversión de las concesiones, las cuales podrían ser ofertadas nuevamente en subastas internacionales, en paralelo con la reapertura del catastro.
Según el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, Ecuador cuenta con 5.007 concesiones mineras: 305 de gran minería, 128 de mediana, 1.613 de pequeña minería, 231 bajo régimen general y 2.730 de minería artesanal.
Aunque la Cámara de Minería del Ecuador (CME) reconoce la necesidad de mejorar el control, ha expresado su preocupación por el modelo de la tasa, argumentando que podría afectar especialmente a empresas en etapa de exploración, cuyo presupuesto podría no cubrir el nuevo cobro. Por ello, el gremio ha solicitado la conformación de mesas técnicas para debatir el tema.
Desde el Ejecutivo, sin embargo, se ha ratificado la decisión. La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, afirmó que no existe un rechazo generalizado del sector y que, por el contrario, hay apertura al diálogo tanto sobre la tasa como sobre la reapertura del catastro.
KG
