Andrés Arauz, secretario del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), así como la exasambleísta Esther Cuesta Santana, y Raúl González Carrión, fueron vinculados a la etapa de instrucción fiscal al presumirlos autores directos del delito de asociación ilícita en el caso Liga2.
La jueza de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho decidió, este 4 de junio de 2025, acoger los elementos de convicción expuestos por la Fiscalía General del Estado en la audiencia de formulación de cargos que se instaló esta mañana, con lo que vinculó a los tres actores políticos a este caso en el que son procesadas otras cuatro personas por presunta asociación ilícita.
Con su decisión, la jueza amplió a 120 días la etapa de la instrucción fiscal, que concluirá el 13 de julio de 2025.
Sobre esto, se pronunciaron Arauz, quien reside en México, y Rafael Correa, el exmandatario sentenciado por cohecho y líder de la RC que actualmente vive en Bélgica.
“Otra obra de la jueza Daniela Camacho. ¿Hasta cuándo una mujer tan infame seguirá degradando a la justicia?“, indicó Correa en X al comentar sobre la decisión de la jueza para que los implicados se presenten en el país.
Por su parte, Arauz calificó de ‘risible’ este caso en que fue implicado, y además consideró que “acusan a los dirigentes políticos de ser políticos. Me quieren vincular por dos tuits. A una de las más valiosas ecuatorianas la quieren vincular por enviar un oficio”.
Arauz y Cuesta, quien reside en Italia, deben volver al Ecuador para cumplir con una medida de carácter personal de presentación periódica ante una autoridad competente, tras ser vinculados a este caso.
En este proceso están también procesados los exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor, quienes fueron destituidos de sus cargos por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que los halló responsables de haber incurrido en una infracción electoral muy grave.
La consejera en funciones Nicole Bonifaz es otra de las procesadas.
Investigación
La Fiscalía abrió esta investigación a finales de enero tras una denuncia del titular de la Superintendencia de Bancos, Roberto Romero von Buchwald, ya que cuatro de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) formaron una mayoría y desconocieron su designación para ese cargo.
El 22 de enero de 2025, Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco —destituidos por una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE)— sumaron el respaldo de Nicole Bonifaz (aún en funciones) para “ratificar” la designación de Raúl González como superintendente de Bancos hasta el 2027.
Lo hicieron pese a una sentencia de la Corte Constitucional (CC) que tramitó una acción extraordinaria de protección de González que, si bien reconoció que se vulneraron sus derechos, precisó que “no tenía la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección”.
La Fiscalía allanó las oficinas del CPCCS el 24 de enero y se incautaron dispositivos celulares del exconsejero Augusto Verduga, en los que halló información que sostienen esta indagación.
En una de las conversaciones de mensajería instantánea de los teléfonos celulares de Verduga consta —de acuerdo con el expediente— una con Andrés Arauz.
Verduga tiene el usuario “MonicaErtl” y “AN”, que sería Andrés Arauz, y conversan de una reunión que mantendrían con Correa para hablar sobre la Superintendencia de Bancos.
AN le dice a Mónica que “VV”, que se referiría a Viviana Veloz, expresidenta de la Asamblea Nacional, habría querido “acelerarse” y posesionar a Roberto Romero como superintendente, electo a finales del 2024, de una terna enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa.
Romero fue elegido para ese mismo cargo a finales de 2022 de una terna que envió el expresidente Guillermo Lasso, pero la legislatura no lo posesionó.
Arauz le comenta a Verduga que Veloz se estaría haciendo “la loca” porque la habrían presionado las fuerzas políticas y posesionaría a Romero. Pero, si ella hacía eso, Arauz se “abriría públicamente” de la RC, le cuenta a Verduga.
En los hechos, Veloz no posesionó a Roberto Romero en su cargo, ya que tomó licencia sin sueldo para hacer campaña política por su reelección como asambleísta de la RC en los comicios del 9 de febrero de 2025.
La reemplazó Esther Cuesta, que como vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL) asumió la presidencia de la Asamblea Nacional.
Fue así como simultáneamente a que los cuatro vocales de mayoría ratificaron a Raúl González como superintendente de Bancos hasta el 2027, Cuesta envió un oficio al Consejo de Participación en el que pedía que se “determine si se ha consolidado la situación jurídica sobre los nuevos procesos de selección en la Superintendencia de Bancos y para qué periodo Roberto Romero debe ser posesionado”.
Enseguida, la Corte Constitucional reaccionó y respondió a un pedido de aclaración de Raúl González en el que recalcó que su fallo “no tenía la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica” y no podía reconocerlo como superintendente de Bancos electo.
Así también, la Corte abrió la fase de seguimiento del cumplimiento de su sentencia, por la acción de los cuatro vocales de Participación.
A la vez, el 27 de enero de 2025, Esther Cuesta tomó juramento con Roberto Romero como superintendente de Bancos. (I)
