La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, ha solicitado oficialmente a la Asamblea Nacional la autorización para iniciar un proceso penal contra la exasambleísta Esther Cuesta, expresidenta encargada del Legislativo. Cuesta está involucrada en el denominado caso “Ligados”, una investigación fiscal sobre una supuesta red de influencias políticas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y otras entidades públicas.
El pedido busca cumplir con el debido proceso y las normas constitucionales, incluyendo el Código Orgánico Integral Penal (COIP), antes de la formulación de cargos por presunta asociación ilícita. En esta causa también se pretende vincular a Andrés Arauz, excandidato presidencial, y a Raúl Carrión, exsuperintendente de Bancos.
La indagación está ahora a cargo de Wilson Toainga, fiscal general encargado, tras la reciente renuncia de Diana Salazar. Según la Fiscalía, Cuesta aparece mencionada en chats entre Arauz y el exconsejero del CPCCS, Augusto Verduga. En esas conversaciones se alude a una estrategia para impedir la posesión de Roberto Romero von Buchwald como Superintendente de Bancos, con el objetivo de colocar en su lugar a Raúl González, afín al correísmo.
Para levantar la inmunidad parlamentaria de Cuesta, la Asamblea debe aprobar la solicitud con 101 votos. Aunque alcanzar esa mayoría se considera improbable, la ley establece que si el Legislativo no se pronuncia en un plazo de 30 días, el permiso se considerará otorgado automáticamente.
KG
