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El gobierno de Daniel Noboa pone la reforma laboral en la mira

Desde que asumió la presidencia de Ecuador en noviembre de 2023, Daniel Noboa ha promovido diversas iniciativas relacionadas con reformas laborales, tanto propuestas propias como objeciones a normativas aprobadas por la Asamblea Nacional.

Aunque algunas de estas iniciativas fueron rechazadas o modificadas, el gobierno —reelegido para un nuevo período de cuatro años— mantiene como prioridad una reforma integral del Código de Trabajo en el la que podría incluir nuevamente el trabajo por horas que ya fue negado.

A continuación, se resumen algunas de las principales acciones y propuestas:

  • Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo (2023)
  • Trabajo por horas (Consulta Popular, 2024)
  • Ley contra la violencia y el acoso laboral (2024, veto parcial)
  • Revisión de contratos colectivos en empresas públicas (2024)
  • Suspensión de jornadas laborales por crisis energética (2024)
  • Desistimiento de reforma al IESS (2024)
  • Veto parcial a reforma sobre discriminación por edad en el trabajo (2025)
  • Veto a reforma laboral con cuota de contratación juvenil (2025)
  • Reforma a la jubilación patronal (2025)
  • Propuesta de nuevo Código de Trabajo (2025)

Reformas y decisiones clave

En diciembre de 2023, se aprobó la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que incluye incentivos fiscales para la contratación de jóvenes entre 18 y 29 años, permitiendo deducciones adicionales en sueldos y salarios al incrementar plazas laborales.

En abril de 2024, mediante una consulta popular, Noboa propuso el trabajo por horas. Sin embargo, la mayoría de votantes rechazó esta propuesta.

Debido a la crisis energética, el gobierno suspendió las jornadas laborales del 18 y 19 de abril de 2024 e implementó el teletrabajo para empleados públicos desde septiembre del mismo año.

También en abril, Noboa vetó parcialmente la Ley para la Erradicación de la Violencia y el Acoso Laboralaunque la Asamblea aprobó como causal de acoso el hecho de obligar a un empleado a estar pendiente del celular fuera del horario laboral.

En julio de 2024, el Ministerio de Trabajo emitió un reglamento para la revisión de contratos colectivos en empresas públicas, con el objetivo de garantizar su legalidad y excluir beneficios a personal de libre remoción o confianza.

En septiembre de 2024, el Ejecutivo anunció que no impulsaría una reforma al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (ESS)), posponiendo el tema para el siguiente gobierno a fin de no afectar la reelección.

Propuestas del Gobierno, en 2025

En 2025, Noboa vetó totalmente una reforma que obligaba a contratar jóvenes de 18 a 29 años en sectores público y privado, argumentando que no se consideraban los perfiles profesionales ni los requisitos constitucionales de mérito y oposición.

En febrero, la Asamblea aprobó una ley contra la discriminación por edad que obligaba a empresas con más de 25 trabajadores a contratar progresivamente personas mayores de 40 años.

El presidente vetó parcialmente esta normativa en marzo de 2025, alegando duplicación normativa y falta de seguridad jurídica.

En abril de 2025, el gobierno presentó una propuesta para modificar la pensión jubilar patronal para quienes hayan trabajado al menos 25 años, continuos o no.

Esta se financiaría mediante un fideicomiso administrado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) con aportes compartidos entre empleador y trabajador, y aplicaría solo a nuevas contrataciones.

Proyecto de nuevo Código de Trabajo

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, confirmó que el gobierno trabaja con empresarios, trabajadores y legisladores en una propuesta de reforma laboral integral que modernice el Código de Trabajo vigente desde 1938.

El objetivo es contar con un solo cuerpo legal que abarque tanto a trabajadores del sector público como del privado, según la funcionaria.

Contexto laboral en Ecuador

En su plan de gobierno, Noboa ofrece promover un desarrollo económico sostenible y equitativo, que genere empleo digno, reduzca la informalidad y mejore las condiciones laborales.

Sin embargo, la abogada laboralista Angie Toapanta sostiene que no se puede culpar a la norma por la falta de empleo:

“Es irresponsable y mentiroso culpar a la norma por la falta de empleo. Desde 2015 se han aplicado reformas flexibilizadoras que precarizaron a los trabajadores y favorecido a las empresas.”

Añade que actualmente más del 50% de los trabajadores del sector privado está en subempleo o empleo precario, y más del 50% de la población total está en la informalidad. Solo 1,7 millones de personas tienen un contrato formal en el sector privado.

“El Código de Trabajo permite más de 40 formas contractuales. El problema no es la norma, sino que el Ministerio de Trabajo —frecuentemente liderado por representantes empresariales— no hace cumplir la ley, dando carta blanca a la evasión de derechos, indicó la jurista.

Este abanico de reformas que trabaja el Gobierno ocurre en medio de una nueva mayoría en la Asamblea Nacional que conformó el movimiento oficialista ADN. Es decir, si estos proyectos legales ingresan al Legislativo, hay muchas opciones de que sean aprobados, tal como los plantea el Ejecutivo de Daniel Noboa.

Datos laborales (marzo 2025):

  • Empleo adecuado: 34,2% (3 millones de personas)
  • Desempleo: 3,3% (289 mil personas)
  • Empleo inadecuado: 62,5% (aumento de 0,8 puntos porcentuales que marzo de 2024)
  • Radio Pichincha

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