El llamado proyecto de ley para enfrentar las economías criminales ha motivado la reacción de asambleístas, defensores de los Derechos Humanos, y también de quienes forman parte del gabinete de Daniel Noboa, como el ministro del Interior, John Reimberg.
La norma enviada a la Asamblea, con el carácter de económico urgente, propone, entre otros puntos, el reconomiento oficial de un conflicto armado interno en Ecuador, una figura cuestionada por la propia Corte Constitucional.
Precisamente, en el marco de este conflicto interno armado, decretado por el gobierno de Daniel Noboa en 2024, el ministro Reimberg afirmó que se contabilizan 85.000 sujetos capturados.
Aunque, de este total, una mínima parte guarda prisión, según aseguró el ministro en una entrevista con radio América, este 19 de mayo de 2025.
Daniel Noboa envía proyecto de ley para atacar la economía criminal vinculada al conflicto armado interno
Por ello, Reimberg dijo que es necesario que las leyes cambien en la Asamblea Nacional para que los militares no solo ejecuten sus operativos vía estados de excepción, como ocurre en la actualidad.
El bloque de seguridad (conformado por equipos élite de Policía Nacional y Fuerzas Armadas) ha realizado una serie de operativos que buscan deshabilitar los grupos vinculados al narcotráfico, que se encuentran distribuidos en varias provincias como Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.
El Ministro indicó que antes no se hicieron estos cambios porque la Asamblea Nacional no permitía gobernabilidad.
“Con esta nueva Asamblea (en la que se muestra una mayoría oficialista) esperamos ir generando estos cambios que son necesarios”.
John Reimberg, ministro del Interior.
Tras las elecciones, estos son los primeros ajustes que el presidente Daniel Noboa hizo en su gabinete
Además, criticó a políticos y abogados constitucionalistas que emiten criterios por posibles vulneraciones a los derechos humanos, con el reciente proyecto enviado a la Asamblea.
“No les vi a los derechos humanos cuando asesinaron a los militares, o a los policías, ahí no hablan de derechos humanos” enfatizó, en referencia a los miembros de las Fuerzas Armadas emboscados en Alto Punino, Orellana.
Finalmente, añadió que no quiere culpar solo a la función judicial de la liberación de presuntos delincuentes, pues según Reimberg existen normas que dificultan el trabajo de la Policía.
Una de estas normas sería la entrega de un informe policial en 24 horas, a partir de la aprehensión, con el fin de solicitar la prisión preventiva de un detenido.
Explicó que en otros países, los policías tienen hasta 30 días para entregar el informe respectivo.
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