El Pleno de la Asamblea resolvió este lunes, 12 de mayo de 2025, que el proyecto de Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales (Lopda), retorne a la Comisión de Biodiversidad, en vez de ser archivado.
La decisión se dio después de que la moción del asambleísta del correísmo, Franklin Samaniego, alcanzó solamente 54 votos de los 70 que se requerían para ser archivado. Otros 35 asambleístas votaron en contra y 27 por la abstención, entre ellos de las bancadas de ADN y el PSC.
Samaniego criticó algunas de las disposiciones contenidas en el proyecto de ley que disminuyen las multas que se aplican por maltrato animal en Ecuador.
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Según informó la Asamblea, este proyecto cumple con las sentencias de la Corte Constitucional en torno a la protección y bienestar animal, una de las cuales dispuso que la Defensoría del Pueblo elabore un proyecto de ley con la participación de los colectivos de defensa de los derechos de los animales y de la naturaleza.
Guido Vargas (PK), presidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales y ponente del informe, recordó que el organismo legislativo recogió criterios de distintos sectores vinculados con la defensa de derechos, colectivos animalistas, académicos, productores, entre otros, así como de 48 aportaciones formuladas por escrito.
Aseguró que el proyecto inicial propuesto por la Defensoría del Pueblo tenía disposiciones muy extremas, desconociendo inclusive actividades culturales tradicionales relacionadas con la utilización de animales, como las peleas de gallos; y, otras que complicaban la actividad productiva.
Por ello, dijo, se buscó un texto con 59 artículos, nueve disposiciones generales y siete transitorias que buscan un equilibrio normativo.
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El debate del proyecto de ley
En el debate, en el cual intervinieron cinco asambleístas, hubo voces en el sentido de que el proyecto aprobado por la Comisión de Biodiversidad significaría una regresión en derechos de los animales.
También, señalaron que la propuesta original complicaba y encarecía la producción de carnes y derivados de animales; y, que es necesario garantizar que se respeten prácticas culturales como las galleras, que inclusive dinamizan la economía en determinados sectores del país.
De allí que el ponente del informe, Guido Vargas, solicitó que suspendiera el punto para que el proyecto regresara a la mesa legislativa, a fin de recoger las observaciones de los distintos sectores. Una decisión similar ya se tomó en agosto de 2024.
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