Con carteles, pancartas y gritos de “Justicia, queremos verdad”, familiares de personas desaparecidas realizaron un plantón este viernes, 9 de mayo, frente al Palacio de Gobierno en Quito, para exigir acciones concretas del Estado frente a los casos que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas.
Fernando Bastias, vocero del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), indicó que solo en 2024 se reportaron 33 desapariciones presuntamente relacionadas con uniformados, lo que ha dado paso a investigaciones por el delito de desaparición forzada. Según Bastias, las indagaciones se ven obstaculizadas por la falta de colaboración institucional, pues, afirma, Fuerzas Armadas se ha negado a entregar información clave alegando que es confidencial.
Entre los manifestantes estuvieron los familiares de los cuatro adolescentes del caso Las Malvinas: Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, quienes fueron retenidos por militares el 8 de diciembre de 2024, en el sector Las Malvinas de Guayaquil, y hallados calcinados días después en Taura, cantón Naranjal.
Luis Arroyo, padre de dos de las víctimas, aseguró que las autopsias evidencian tortura, y cuestionó la falta de transparencia en el proceso. Solicitó nuevas pruebas de ADN y la participación de organismos internacionales para esclarecer los hechos. “El Estado nos debe una respuesta”, expresó con indignación.
La audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio está prevista para el próximo 27 de mayo a las 14:00, en la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil. En el caso están procesados 17 militares.
KG
