El pleno de la Asamblea Nacional no obtuvo los votos suficientes (70) para aprobar el informe que determinaba responsabilidad estatal y política en la muerte de la subteniente Aidita Ati, un presunto feminicidio dentro de un cuartel militar cuya investigación archivó la Fiscalía al argüir falta de indicios.
El informe, elaborado por una comisión parlamentaria especial creada exclusivamente para este caso, obtuvo 58 abstenciones, 49 votos a favor y uno en contra, por lo que no fue aprobado este martes, 6 de mayo de 2025.
El informe empujado por el correísmo concluía responsabilidad estatal respecto a violaciones fundamentales, omisiones de deberes constitucionales e institucionales, fallas en la reparación integral; y perpetuación de impunidad, según detalló en un comunicado la Asamblea.
Organizaciones acusan de «negligencia» en investigaciones del caso Aidita Ati, tras conclusión de Fiscalía
También establecía recomendaciones como reparación integral, reformas institucionales, medidas de no repetición; garantías de protección y cambios normativos.
La ponente del informe, la asambleísta correísta Patricia Núñez, señaló que existen hechos que permiten concluir que existen omisiones, que deben ser consideradas para una responsabilidad política.
Mientras, la parlamentaria oficialista Inés Alarcón (ADN) replicó que la comisión de la Asamblea que investigó el caso se excedió su ámbito de acción al haber ya una investigación de la Fiscalía que determinó la «inexistencia de conducta dolosa o culposa que afecte al bien jurídico del derecho de la vida», siendo la causa de fallecimiento «un edema agudo de pulmón por intoxicación alcohólica».
Antes de la presentación del informe, Gustavo Ati, padre de Aidita Ati, recordó que la vida de su hija «fue interrumpida dentro de un recinto militar», y pidió justicia ante una «verdad alterada que no agotó todas las vías investigativas».
El señor Ati exclamó que el caso de su hija no debe repetirse en el país, y añadió que existieron «omisiones institucionales, administrativas, de protocolo e investigativas».
De su lado, la abogada Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos, señaló que Ati «falleció en un entorno en donde debió estar cuidada y segura».
Ati apareció muerta el pasado 29 de junio en el cuartel Fuerte Militar Napo, en la provincia amazónica de Orellana (este), y tras un primer examen médico se determinó que su cuerpo presentaba varias lesiones y que se observaba «un presunto abuso sexual con fisuras» en sus partes íntimas.
Sin embargo, tras la exhumación de su cuerpo, un segundo informe forense de la defensa concluyó que la causa de su muerte fue un edema pulmonar, lo que despertó dudas sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento, si bien sirvió para que la Fiscalía archivase el caso y abstuviese de acusar a los imputados.
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