Ecuador enfrenta su mayor nivel de informalidad laboral en un cuarto de siglo. El 55,5% de su población económicamente activa (PEA) trabaja fuera del marco legal y sin protección social, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Este fenómeno, que se contuvo durante el auge de los años 2007-2017, creció con fuerza en los últimos años y en 2025 marca un incremento.
El empleo informal —trabajo sin afiliación a la seguridad social ni beneficios laborales— afecta a más de 4,6 millones de personas en un país teniendo en cuenta que existen 8,4 millones de personas activas en el mercado laboral.
De la dolarización a la recesión: el primer disparo
La crisis financiera de 1999 que desembocó en la dolarización, dejó una secuela directa en el mercado laboral ecuatoriano.
Para el año 2000, el trabajo informal se encontraba en el 55% de la PEA, afectando a más de 3 millones de trabajadores.
Grandes empresas respondieron a la crisis con contratos flexibles y tercerización, lo que precarizó el trabajo incluso en sectores formales.
Aparte de reformas financieras, monetarias, de régimen de privatizaciones en el campo hidrocarburífero, entre otras, se modificó también el código laboral y algunos temas tributarios.
De acuerdo con un estudio de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), dentro del código laboral, la modificación más relevante fue la creación de la contratación por horas, que llevó a una precarización laboral.
Auge económico y políticas de Correa: la gran excepción
Entre 2007 y 2015, durante el gobierno de Rafael Correa, la informalidad laboral se redujo del 45,1% al 40,4%.
Esta disminución fue impulsada por políticas activas: se eliminó la tercerización, se implementó el salario digno, y se obligó a afiliar a trabajadoras domésticas a la seguridad social.
También aumentaron las inspecciones laborales y se cruzaron datos con el Servicio de Rentas Internas para combatir el fraude patronal.
En 2011 se aprobó vía consulta popular la tipificación como delito de no afiliar a los trabajadores.
El Código Orgánico Integral Penal (2014) estableció:
- Multas para empresas que no afilien.
- Cárcel para quienes retengan aportes o no afilien.
Además, se hicieron campañas gubernamentales sobre derechos laborales.
La pandemia y la Ley Humanitaria: el golpe que desarmó todo
Desde 2020, el impacto de la pandemia revirtió una década de avances. La Ley Humanitaria, impulsada por el gobierno de Lenín Moreno, permitió modificar jornadas, reducir salarios y finalizar contratos sin indemnización.
Aunque se planteó como una solución temporal y que beneficiaba a los trabajadores, el efecto fue contrario: miles de empleados quedaron fuera del sistema formal y sin garantías.
La informalidad alcanzó el 51,6% en 2020 y no se recuperó desde entonces, según las estadísticas.
Gobiernos de Lasso y Noboa
Durante la administración de Guillermo Lasso no se redujo el empleo informal.
Aunque su plan de recuperación económica prometía empleo formal, las cifras del trabajo informal se mantuvieron estancadas dentro del rango del 50% al 55%.
A finales de 2023 llegó Daniel Noboa a la Presidencia, tras la muerte cruzada que decretó Lasso.
En 2024, con la crisis energética y el recorte del gasto público, muchos trabajadores fueron desplazados hacia el sector informal, por lo que, al final del año, la cifra ascendió a la más alta desde el 2000: un 58%, es decir, 4,89 millones de personas trabajaban en la informalidad.
Pero hasta marzo de 2025, la tasa se ubicó en 55,5%, que incluso supera el porcentaje de 2000, que fue del 55%.
Informalidad, la deuda pendiente del Estado
El empleo informal no solo es un fenómeno económico, sino también una forma de exclusión social. La falta de protección social, ingresos bajos e inestabilidad afectan directamente a millones de ecuatorianos.
Aunque hubo esfuerzos notables —sobre todo entre 2007 y 2015—, en 2025 la informalidad persiste como uno de los principales retos estructurales del país.
Para el sociólogo Jorge Torres, la informalidad es un resultado de la interacción de una mala gobernanza y la falta de desarrollo económico.
“La mala gobernanza se refleja en la deficiente provisión de servicios públicos, mientras que la falta de desarrollo económico se manifiesta en la baja productividad, la baja educación y los altos niveles de desigualdad”, apuntó Torres.
Actualmente, el Gobierno de Daniel Noboa impulsa reformas al Código de Trabajo y a la Seguridad Social.
Entre las propuestas están la reforma a la jubilación patronal, impulsada desde el Ministerio de Trabajo, y sobre la edad de jubilación que se trata en mesas de trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, normativas que han sido cuestionadas por los frentes sindicales de trabajadores.
Radio Pichincha
