Santiago Díaz Asque será quien asuma la curul de Priscila Schettini, legisladora del movimiento Revolución Ciudadana, tras la suspensión de sus derechos políticos por tres años dictada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), como sanción por incurrir en violencia política de género contra la fiscal general Diana Salazar Méndez.
Díaz Asque figura oficialmente como asambleísta suplente de Schettini, electa el 9 de febrero, y ya había participado previamente en el actual periodo legislativo representando a la bancada de Revolución Ciudadana (RC) en calidad de suplente.
Su trayectoria dentro del correísmo se remonta al 2007, periodo en el que se ha desempeñado como procurador común en procesos electorales, operador político del movimiento y funcionario público en distintos cargos durante la administración de Rafael Correa. Entre sus funciones estuvo la coordinación logística y de seguridad en las giras provinciales del expresidente durante sus campañas, así como los roles de asesor presidencial y coordinador de operaciones de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia.
En 2021, además, Díaz fue procurador del binomio presidencial conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall, y también ejerció como asesor en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
En 2018, la Fiscalía abrió una investigación contra él por su presunta autoría intelectual en un caso de tortura contra el periodista Alfonso Pérez Serrano, quien habría sido agredido el 11 de diciembre de 2016 durante una protesta contra la ley de herencias. Aunque la causa fue archivada en 2022, Pérez evalúa reactivarla.
Más recientemente, el 12 de marzo de 2025, un grupo de legisladores del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Santiago Díaz, Andrés Arauz y Virgilio Hernández —líderes de Revolución Ciudadana— por el supuesto incumplimiento de decisiones judiciales en el marco del nombramiento del superintendente de Bancos.
Según Ferdinan Álvarez, asambleísta de ADN, estas acciones permitirán esclarecer las actividades políticas ocultas del movimiento Revolución Ciudadana. “Buscamos justicia y que el país conozca quiénes estaban detrás de operaciones oscuras a través del CPCCS”, afirmó Álvarez, quien en la denuncia calificó a Díaz como un operador político de RC.
