La confrontación política entre el Ejecutivo y la Asamblea, que culminará con el fin de sus funciones el 13 de mayo de 2025, impactó la puesta en vigencia de varias leyes. Un total de 17 proyectos fueron vetados por completo por el presidente Daniel Noboa antes de ser publicados. Este porcentaje representaba más del 30% de las propuestas aprobadas durante la presidencia de Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano (PSC), y Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana.
Se prevé que este número pueda aumentar, incluso, la nueva Asamblea, que tomará posesión el 14 de mayo de 2025, podría enfrentar nuevos vetos sobre leyes aprobadas por sus predecesores, como los cambios a la Ley de Comunicaciones o la Reforma para Dignificar el Trabajo en el Hogar.
Durante los primeros seis meses del período, cuando se mantenía el acuerdo entre Revolución Ciudadana (RC), PSC y el partido de gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN), no hubo objeciones totales. Sin embargo, la situación cambió a finales de mayo de 2024, cuando comenzaron a aparecer los primeros signos de resquebrajamiento de la alianza.
El 29 de mayo de 2024, Noboa vetó totalmente la reforma al Código de la Función Judicial debido a un artículo aprobado por los legisladores que beneficiaba a los vocales del Consejo de la Judicatura en caso de ser investigados por corrupción. El texto aprobaba que los vocales pudieran solicitar una licencia sin sueldo si su ausencia se debía a prisión preventiva o arresto domiciliario.
La situación se tensó aún más cuando, el 30 de mayo de 2024, los asambleístas del correísmo, PSC y Construye aprobaron una reforma para reducir el número de votos necesarios para ratificar los textos vetados por el presidente. La mayoría absoluta, que requería 92 votos, se redujo a 70, lo que modificaba las dinámicas de las votaciones. En la nueva Asamblea, sería necesario contar con 77 votos de los 151 legisladores para ratificar una ley.
Desde entonces, el presidente Noboa vetó numerosas leyes consideradas polémicas o que no eran de su agrado, incluso si su propia bancada las había apoyado. Un ejemplo de ello fue la Ley para la entrega adicional de recursos del petróleo para las provincias de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos, que fue vetada en su totalidad el 25 de abril de 2025, desde el Vaticano.
KG
