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Desarrollo Económico analizó el informe de segundo debate del proyecto de Ley de Fortalecimiento del Sector Agropecuario y Fijación del Precio de la Pitahaya

En el marco del tratamiento del informe para segundo debate del proyecto de Ley de Fortalecimiento del Sector Agropecuario y Fijación del Precio de la Pitahaya, la mesa legislativa de Desarrollo Económico recibió en comisión general al alcalde de Palora, Estalin Tzamarenda, junto a productores y representantes del sector pitahayero.

Durante su intervención, el alcalde Tzamarenda destacó que, pese a ser un cantón pequeño en extensión territorial, Palora se ha convertido en un motor productivo de la Amazonía ecuatoriana, gracias al esfuerzo de hombres y mujeres que cultivan y exportan la pitahaya, conocida como la “fruta de oro”.

Señaló que esta cadena productiva involucra a más de 4 000 personas, con un impacto directo en las provincias de Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Por lo que solicitó el respaldo legislativo para establecer un precio mínimo de sustentación de al menos $1.35 por kilo, valor determinado por el propio Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el fin de asegurar justicia y sostenibilidad para los productores.

Por su parte, Lesly Zambrano, en representación del sector, informó que su cantón cuenta con más de 3 000 hectáreas cultivadas y más de 6 600 productores activos. Resaltó que esta actividad genera más de 2 500 empleos directos en temporada alta, lo que demuestra su relevancia económica y social. “No luchamos por subsidios, luchamos por un precio justo y una ley que reconozca nuestro trabajo”, expresó.

Edwin Tivi, representante de una asociación conformada por 82 integrantes en Palora, denunció la falta de reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Agricultura, pese a que realizan un trabajo organizado y articulado. Señaló que en los picos de producción los precios caen drásticamente hasta los $0.70 por kilo, generando pérdidas que han obligado al 13 % de los productores a abandonar el cultivo. “Muchos de los que aún resistimos somos pequeños productores shuar, sin acceso a crédito ni inversión”, afirmó.

El equipo asesor de la comisión destacó que, con relación al informe socializado en diciembre de 2024, el capítulo primero del proyecto mantiene sin cambios el componente del registro georreferenciado, herramienta que permitirá centralizar la información actualmente dispersa en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y garantizar datos actualizados, precisos y verificables para toda la cadena agroproductiva.

En cuanto al capítulo segundo, considerado la médula del proyecto, se abordó la fijación del precio referencial de la pitahaya. El texto establece que la Función Ejecutiva, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, será la encargada de fijar este precio mediante acuerdo ministerial. Para ello, se organizarán mesas técnicas con participación de todos los actores de la cadena productiva. Esta fijación deberá realizarse de forma periódica, considerando factores como la oferta y demanda del mercado, condiciones climáticas, costos reales de producción, transporte, distribución y demás variables relevantes.

Sobre el artículo 6, informó que se ha fortalecido respecto al texto original, incorporando mayor especificidad sobre la conformación de la Mesa Técnica de Comercialización. Se detalla qué autoridades la integrarán y qué actores deben ser convocados, incluyendo asociaciones de productores y representantes del sector exportador. Además, se incluyen acciones concretas que esta mesa debe impulsar, como programas de desarrollo de proveedores, procesos de integración productiva y comercial, estrategias de promoción y análisis de precios referenciales internacionales.

Se aclaró que fue eliminado el componente vinculado a la regularización de tierras, por no corresponder a la materia de este proyecto de ley. Así mismo, en las disposiciones reformatorias no se han introducido cambios. En las disposiciones transitorias, la única modificación ha sido la eliminación de un artículo vinculado también a la regularización de tierras, lo cual implicó la remuneración correspondiente de los artículos transitorios.

Finalmente, la asambleísta Luzmila Abad manifestó su preocupación por el desvío del espíritu original del proyecto, una iniciativa ciudadana enfocada en proteger y fortalecer la cadena productiva de la pitahaya. Cuestionó la incorporación de temas ajenos y urgió a la comisión a retomar el enfoque original del proyecto, centrado en la sustentación del precio de la pitahaya. “Exigimos que se honre esta iniciativa ciudadana y se respalde a los verdaderos actores del campo”, puntualizó.

MEV

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