Por unanimidad, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que recoge aportes de 15 iniciativas legislativas enfocadas en fortalecer la seguridad vial, modernizar el sistema de transporte y clarificar competencias institucionales.
Durante la sesión, el equipo asesor presentó un resumen técnico del articulado, destacando que las reformas complementan la normativa vigente mediante nuevas disposiciones, entre ellas, la asignación de responsabilidades a la Agencia Nacional de Rehabilitación y Control, en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), para vigilar contenidos audiovisuales en el transporte público.
Mencionó que entre los principales cambios se incluyó la sustitución del Consejo Consultivo Nacional de Transporte por el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) como órgano asesor y se estableció que los recursos recaudados por concepto de multas tecnológicas sean destinados exclusivamente a seguridad vial, prohibiendo que contratistas privados perciban un porcentaje de estas sanciones.
En materia de control de velocidad, se incorporó una distancia mínima obligatoria de 500 metros entre la señalización preventiva y los radares. En este sentido, aclaró que los GAD no tienen competencia sobre las vías estatales, y se elimina el criterio de jerarquía en vías compartidas. El proyecto también incluye la incorporación de las categorías “técnico” y “logístico” dentro del transporte comercial, con el fin de formalizar actividades actualmente informales y brindar seguridad jurídica a trabajadores y usuarios.
En consonancia con estándares internacionales, se incluyeron seis objetivos orientados a la seguridad vial y la movilidad sostenible. Otras reformas relevantes son la eliminación del requisito de tener licencia tipo B durante dos años para acceder a la tipo C; la prohibición de modificar el equipamiento de seguridad original de los vehículos; y la obligatoriedad de portar dos placas por vehículo, con excepción de las motocicletas.
Además, se fortalecen los programas de educación en seguridad vial, se ajustan los requisitos de formación para licencias no profesionales (de 90 a 60 horas académicas y reducción de prácticas del 40 % al 10 %) y se incorporan nuevas faltas administrativas muy graves, como la no actualización del examen médico cada cinco años y la falsificación de certificados de conducción.
En su intervención, el asambleísta José Luis Vallejo destacó que estos 15 proyectos representan un avance significativo que permitirá realizar mejoras sustanciales al sistema de transporte. Por su parte, la asambleísta Inés Alarcón enfatizó la urgencia de una política nacional de seguridad vial, destacando el reciente acuerdo entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Policía Nacional para que esta última asuma el control de zonas priorizadas de la red vial estatal.
Finalmente, la comisión avocó conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que autorizó la unificación de siete proyectos de ley reformatorios a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.
MEV