El crimen organizado amenaza la seguridad pública, frena el desarrollo y socava la integridad de las instituciones públicas en América Latina y el Caribe.
Un informe del Banco Mundial, «Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe» advierte que estos fenómenos «agravan el panorama económico de la Región».
Según las proyecciones, América Latina y el Caribe crecerán apenas un 2,1 % en 2025 y un 2,4 % en 2026, el menor crecimiento a nivel mundial.
El Banco Mundial señala que el crimen organizado y la violencia se han convertido en un obstáculo central para el desarrollo.
“Debemos abordar este problema de inmediato para evitar que se convierta en un lastre permanente para el crecimiento”, afirmó William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
No se trata solo de un problema de seguridad: también afecta directamente a la gobernanza, distorsiona las inversiones y profundiza la desigualdad.
El informe identifica varios factores que impulsan el auge del crimen organizado en la región:
- La creciente demanda mundial de bienes ilegales,
- Políticas gubernamentales que han reconfigurado las redes delictivas
- El impacto de la pandemia de COVID-19, que permitió a estos grupos consolidar su poder en zonas con débil presencia estatal.
El crimen organizado alcanza niveles alarmantes
Las tasas de víctimas en la Región triplican el promedio mundial, y las tasas de homicidios son ocho veces superiores, según el informe.
Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, subrayó que el crimen organizado, es una amenaza que traspasa fronteras:
“Este ya no es un problema aislado; exige un diálogo regional y global para impulsar soluciones y movilizar nuestra experiencia y recursos colectivos”, afirmó
Además de los costos humanos, la inseguridad afecta directamente a la economía.
La incertidumbre en torno a los derechos de propiedad, la extorsión y la violencia generalizada elevan los costos de transacción para las empresas y reduce la competitividad.
Al mismo tiempo, los recursos que deberían destinarse a servicios esenciales como salud y educación se desvían para hacer frente a los desafíos de seguridad, en países que enfrentan altos niveles de deuda y dificultades fiscales.
Medidas urgentes
El Banco Mundial insta a los gobiernos de la región a consolidar una agenda integral para fortalecer la capacidad del Estado frente a la delincuencia organizada.
Las recomendaciones incluyen reformas policiales, mejoras en los sistemas penitenciarios y el fortalecimiento del poder judicial.
“Para lograr el desarrollo sostenible en la región, es fundamental contar con instituciones sólidas y bien equipadas”, concluye el informe.
Radio Pichincha
