a camioneta, rompiéndole la cabeza a uno de ellos.
Los cuatro niños fueron detenidos por el grupo de militares, la noche del 8 de diciembre de 2024, en el sur de Guayaquil. Luego, los militares los trasladaron hacia la parroquia de Taura, en el cantón Naranjal. Aquí los niños fueron torturados y desaparecidos.
Los cadáveres calcinados de los niños se encontraron el 24 de diciembre de 2024, en una zona alejada de Taura. La Fiscalía lleva dos investigaciones por este caso: uno por desaparición forzada y otro por secuestro y muerte.
El informe de Amnistía Internacional además menciona que la Fiscalía General del Estado tiene un repunte de denuncias por posibles ejecuciones extrajudiciales. Indica que se registraron 27 en el primer semestre de 2024, lo que supone “un aumento con respecto a años anteriores”.
Sobre el derecho a un medioambiente saludable, el informe menciona que el Gobierno permitio la quema de gas en la Amazonía, a pesar de que una sentencia judicial de 2021 había determinado que debían apagarse los mecheros petroleros, perjudiciales para el medioambiente y la salud de la población.
También se menciona que, al terminar el año, las autoridades no habían detenido las prospecciones petrolíferas en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía, incumpliendo el plazo impuesto por un referéndum celebrado en 2023.
Personas detenidas
Las prisiones siguen adoleciendo de hacinamiento crónico, y las denuncias de tortura y otros malos tratos aumentaron después de que el control de los centros penitenciarios pasó, en enero de 2024, a las Fuerzas Armadas, menciona el informe.
Y se agrega que el acceso a alimentos y servicios médicos son insuficientes. “Durante el año murieron de forma violenta al menos tres directores de prisión”, se denuncia.
Defensores de derechos humanos
Los defensores de derechos humanos, sobre todo en relación con la tierra, el territorio y el medioambiente, sufren hostilidad y se exponen a riesgos de seguridad. Entre los incidentes hubo amenazas, intimidación, violencia digital y homicidios.
“Varios defensores de los derechos humanos de Las Naves, en la provincia de Bolívar, se enfrentaban a procedimientos penales relacionados con su labor sobre el derecho al agua en el contexto de la actividad minera. Al menos seis de ellos fueron condenados a penas de cárcel”, recoge Amnistía Internacional.
Además, se indica que el presidente Noboa estigmatizó a los defensores de los derechos humanos que trabajaban en favor de los derechos de la población reclusa.
“En noviembre (2024), al menos dos defensores de los derechos humanos fueron arrestados durante una protesta contra los cortes eléctricos celebrada en la capital, Quito, a la que habían acudido en calidad de observadores”, se indica.
Detención y reclusión arbitraria
Las fuerzas de seguridad efectuaron miles de posibles detenciones arbitrarias recurriendo al pretexto de la detención en delito flagrante, indica Amnistía Internacional. “Al parecer, poco justificadas”.
El informe señala que las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación sugirieron que estas detenciones se dirigieron, de forma desproporcionada, contra grupos históricamente discriminados, como las personas afrodescendientes, indígenas, en situación socioeconómica desfavorable y jóvenes. “Las autoridades no mantenían registros completamente transparentes de estas detenciones”.
Radio Pichincha
