El Ministerio del Trabajo presentó su propuesta de proyecto de ley para reformar la jubilación patronal. La iniciativa consiste en un fondo común con aportes de empleadores y trabajadores que se acumularan en un fideicomiso administrado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).
La propuesta ministerial fue difundida este martes,29 de abril, en sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS), que está integrado por delegados de trabajadores y empleadores.
La reforma es al artículo 216 del Código del Trabajo, que dispone que pueden acceder a la jubilación patronal los trabajadores que tengan 25 años de servicio en una misma empresa.
El proyecto de ley establece que los porcentajes de aportación serán definidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), mediante un cálculo actuarial.
El texto dice lo siguiente: “Los trabajadores que por veinticinco años o más, hubieren prestado servicios para uno o más empleadores, en forma acumulada, continua o discontinua, tendrán derecho a la pensión jubilar patronal, para cuyo efecto se deberá constituir un fideicomiso a ser administrado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) y que será compuesto con aportaciones tanto de los empleadores como de los trabajadores, en porcentajes que serán determinados mediante un estudio actuarial a ser realizado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de acuerdo con las siguientes reglas:
*(las reglas serán determinadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, a fin de establecer mediante el estudio actuarial, los porcentajes para trabajadores y empleadores)“.
La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, explicó la propuesta y argumentó que el régimen actual es nocivo porque deriva en despidos a trabajadores que cumplen 19 años en las empresas. Dijo, además, que solo el 4 % de empleados en el sector privado logran acceder a la jubilación patronal.
Los representantes de sindicatos y gremios empresariales siguieron instalar mesas técnicas, con presencia de delegados del IESS para analizar el proyecto de ley y hacer propuestas.
El Consejo aprobó el planteamiento por unanimidad. Se acordó el plazo de un mes para que las organizaciones y empresarios designen a sus delegados y revisen el proyecto.
Luego, se instalarán las mesas y desde ahí corre un plazo de 90 días. Al cabo de este tiempo se prevé tener listo el proyecto de ley final que se entregaría a la Asamblea Nacional para su discusión. (I)
Fuente: El Universo
