El presidente Daniel Noboa Azin vetó, totalmente, la Ley Orgánica de Participación de las Rentas del Estado a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) por industrialización de petróleo en las provincias de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos.
El Ejecutivo sustentó su objeción por dos razones.
- Por el impacto fiscal en el Presupuesto General del Estado y falta de sostenibilidad fiscal producto de la incorrecta asimilación del término “industrialización” con el de “renta”.
- Porque la Asamblea está prohibida de presentar proyectos de ley que, entre otros, aumenten el gasto público.
En el documento de veto total, el Primer Mandatario observó que la ley aprobada por el Legislativo debe sustentarse en estudios técnicos, económicos y legales, respecto al impacto económico en el Presupuesto General del Estado.
Asimismo, sostuvo que se debió tomar en cuenta las consecuencias que esto puede implicar frente a los beneficios que recibirían únicamente los Gobiernos Autónomos Descentralizados referidos en el proyecto de ley.
De la misma manera, Noboa sostuvo que la Legislatura está prohibida de presentar proyectos de ley que, entre otros, aumenten el gasto público.
“Esta prohibición constitucional es una garantía para asegurar la estabilidad fiscal del país, por cuanto el gasto público no puede depender de decisiones improvisadas ni populistas, sino de una planificación integral que priorice las necesidades nacionales, garantice la sostenibilidad fiscal y contribuya a evitar déficits”, dice el texto remitido al Parlamento.
La Asamblea dio paso a esta normativa, con 106 votos a favor, tras una sesión que se celebró, el 26 de marzo de 2025, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la provincia de Esmeraldas.
La Ley planteaba que por cada barril de petróleo industrializado, se asigne un dólar a los GAD, distribuyéndose de la siguiente manera:
- 10% para los gobiernos parroquiales
- 50 % para los municipios;
- Y 40 % para las prefecturas
Estos ingresos, establecía la normativa, se podrán destinar a obra pública y servicios básicos como agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, manejo de desechos sólidos, infraestructura vial y proyectos de gestión ambiental, excepto gasto corriente.
Radio Pichincha