En su más reciente revisión del acuerdo con Ecuador, el FMI fue claro: la sostenibilidad existe, pero los riesgos son elevados. Bajo las proyecciones actuales, el país podría cumplir con sus obligaciones sin necesidad de una reestructuración. Sin embargo, enfrenta una carga considerable de vencimientos en la próxima década, un entorno económico frágil y un espacio fiscal limitado.
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¿Qué significa que la deuda sea “sostenible, pero no con alta probabilidad”?
En términos del FMI, la sostenibilidad de la deuda no se mide únicamente por su trayectoria descendente, sino por su resiliencia frente a distintos escenarios económicos. La deuda se considera sostenible cuando un país puede cumplir con sus obligaciones sin caer en impago ni requerir medidas de ajuste fiscal drásticas.
Las proyecciones del FMI sugieren que la deuda pública bajaría del 55% del PIB en 2025 al 46% en 2030. Esta trayectoria coincide con las metas establecidas por la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas (Coplafip), que impone techos de endeudamiento de 57% del PIB en 2025, 45% en 2030, y 40% desde 2032 en adelante.
Por eso, el diagnóstico del FMI no debe leerse como una garantía, sino como una advertencia. La sostenibilidad es alcanzable, pero sigue siendo frágil. Cumplir con las metas pactadas exige una gestión fiscal rigurosa, acceso continuo al financiamiento externo y una economía capaz de sostener el crecimiento en el tiempo.
El delicado rompecabezas fiscal
La sostenibilidad de la deuda no se logra solo con proyecciones favorables, sino con balances fiscales que reflejen responsabilidad y consistencia. En el caso de Ecuador, el camino hacia ese equilibrio ha sido largo, y aún enfrenta múltiples obstáculos. Aunque el país ha logrado disminuir parcialmente el déficit, la consolidación fiscal está lejos de ser una meta cumplida.
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En 2020, el déficit global alcanzó el 7,4% del PIB, y el déficit primario, que excluye el servicio de la deuda, superó el 5,8%. A partir de entonces, se inició una corrección impulsada por el programa con el FMI, por mejoras en el precio del crudo y por una política de gasto más prudente.
Esa tendencia se reflejó en el resultado de 2022, cuando el déficit global se redujo a cero, y el primario volvió a terreno positivo por primera vez en varios años. Sin embargo, este resultado no fue sostenible, y en 2023 el déficit volvió a ampliarse hasta el 3,5% del PIB.
Para 2025, el FMI proyecta que el déficit global se reducirá a 1,9% del PIB, mientras que el déficit primario alcanzará -0,8%. Pero a partir de 2026 se espera un giro: el balance primario entraría en terreno positivo y se consolidaría como la principal herramienta para estabilizar la deuda. Este cambio es crucial, ya que, sin un superávit primario sostenido, el pago de intereses seguirá alimentando la necesidad de endeudamiento nuevo.
La sostenibilidad de la deuda ecuatoriana no se entiende sin su contexto fiscal. Detrás de los indicadores de deuda hay un desafío más profundo: cerrar la brecha entre ingresos y gastos en un entorno de bajo crecimiento, rigidez presupuestaria y demandas sociales crecientes.
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El acuerdo suscrito con el FMI contempla una consolidación fiscal progresiva, con el objetivo de reducir el déficit primario y estabilizar la deuda. Esta consolidación no implica ajustes drásticos de corto plazo, sino un esfuerzo sostenido en varios frentes: eficiencia del gasto, fortalecimiento de ingresos y racionalización de subsidios.
Por el lado de los ingresos, Ecuador parte de una base relativamente sólida. El FMI proyecta que los ingresos totales se estabilizarán alrededor del 36% del PIB. Sin embargo, esta cifra esconde riesgos estructurales: la recaudación tributaria sigue siendo baja y hay una fuerte dependencia de ingresos no permanentes como los petroleros o las transferencias de organismos multilaterales.
El gasto, en cambio, muestra una mayor rigidez. El FMI espera que el gasto total baje de 39,5% del PIB en 2023 a 35,2% en 2030. Esta reducción depende, en buena parte, de contener el gasto corriente. Para lograrlo sugiere una reducción gradual de subsidios, el control de la masa salarial y una mayor focalización del gasto social.
Sin embargo, este ajuste se enfrenta a un entorno complejo: una presión creciente sobre el gasto en seguridad, salud y educación, y una economía en recesión. Además, el servicio de la deuda representa un peso creciente en el presupuesto.
Vencimiento y financiamiento: un calendario que aprieta
El calendario de pagos de la deuda pública externa ecuatoriana es, en sí mismo, una fuente de presión fiscal. Solo entre 2025 y 2030, el país deberá desembolsar más de USD 36.500 millones por concepto de servicio de deuda, sumando amortización de capital e intereses.
En 2025, el país deberá desembolsar USD 5.448 millones, de los cuales, USD 3.396 millones corresponden a amortización de capital y USD 2.052 millones al pago de intereses, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El período más exigente llegará entre 2026 y 2028, cuando los pagos anuales de deuda externa promediarán casi USD 6.500 millones. Aunque a partir de 2029 los montos comienzan a descender gradualmente, el servicio de deuda externa bordeará los USD 5.000 millones anuales durante varios años más.
La situación se vuelve aún más compleja si se incorpora la deuda interna. Entre 2025 y 2030, el Estado deberá desembolsar USD 12.800 millones en amortización de capital y USD 5.500 millones en intereses por endeudamiento interno, sumando un total de USD 18.300 millones en ese período.
En este contexto, el financiamiento toma relevancia. Para 2025, el FMI estima necesidades por USD 8.300 millones, que se cubrirían con una combinación de recursos internos, préstamos de organismos multilaterales, líneas bilaterales y una eventual emisión de bonos externos en el segundo semestre de 2025. No obstante, este escenario presupone que Ecuador recupere el acceso a mercados, algo incierto dado el riesgo país todavía por encima de los 1.000 puntos básicos.
Además, las necesidades de financiamiento del Estado seguirán elevadas en los próximos años. La deuda acumulada y los déficits fiscales de períodos anteriores continúan pasando factura. Incluso en 2028, cuando se espera que las finanzas públicas registren un superávit primario, el país deberá conseguir más de USD 7.000 millones para cubrir sus compromisos financieros.
¿Es sostenible la deuda pública del Ecuador?
La deuda pública del Ecuador es sostenible en el papel, pero esa sostenibilidad pende de varios hilos. El desafío no es solo técnico: es profundamente político, institucional y social. Requiere acuerdos, reformas, disciplina y resiliencia frente a escenarios adversos.
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La consolidación fiscal es el pilar sobre el que se construye todo el programa económico del FMI. Sin embargo, basta con que una sola variable —ingreso, gasto, deuda o crecimiento— se desvíe de lo previsto, para que el equilibrio se rompa. Y en un entorno tan incierto como el actual, con presión social creciente, fragmentación política y un contexto externo adverso, ese riesgo es inminente.
La deuda puede ser sostenible, sí. Pero solo si el país logra equilibrar sus finanzas, acceder de forma constante a financiamiento y generar condiciones para un crecimiento estable.
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