Una vez que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) está completo, el concurso para reemplazar a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, se retomaría, al igual que los otros procesos que están pendientes y cuyas autoridades se mantienen en funciones prorrogadas.
Piedad Cuarán, consejera del Consejo de Participación considera que luego que al equipo se sumó el séptimo consejero que faltaba, David Rosero, a partir de esta semana ya se empezaría a definir el tema del cronograma para la designación de autoridades, entre ellas de la Fiscalía.
Decisión política es la clave para realizar el concurso
Luego de los comicios se espera que exista, como dice Cuarán, no solo la decisión política, sino la predisposición para cumplir con la ciudadanía y trazar la hoja de ruta con tiempos.
La consejera señaló que, si el camino está expedito, se podría contar con el reemplazo de Salazar en el último trimestre de este 2025. Algo que -en cuanto a tiempo- también coincide con lo expuesto por la expresidenta del Cpccs, Sofía Almeida.
Faltan recursos
Cuarán tiene previsto presentar una propuesta para el tema de designación de autoridades que incluya de dónde sacar el presupuesto para realizar los concursos.
Hacer un acercamiento con las universidades para establecer alianzas estratégicas y dialogar con el Ministerio de Economía están entre las opciones, ante un presupuesto ajustado.
En tanto, Almeida complementó esa idea, al mencionar que los recursos, generalmente, se destinan a los salarios de los integrantes de las comisiones ciudadanas de selección y la publicidad de las etapas de los concursos como el de la Fiscalía.
¿La designación será en 2025 o 2026?
La expresidenta del Cpccs comentó que, de acuerdo a los tiempos de ley, un concurso como mínimo demora entre siete y ocho meses, Cuarán le apuesta a un máximo de seis. Mientras, personal del mismo Cpccs que ya tiene años en la institución señala que ante la demora que se ha registrado bien podría haber un nuevo o nueva fiscal en 10 meses.
Almeida expuso que la voluntad política es vital, porque lo pueden demorar más si así lo desean los consejeros o si se interponen acciones de protección.
La contratación adicional de recurso humano también es indispensable si se requieren hacer varios concursos a la vez, pues el personal que tiene el Cpccs no sería suficiente.
Los consejeros Nicole Bonifaz y Gonzalo Albán quieren avanzar con los concursos sin distinción.
Bonifaz puntualizó que se han enviado oficios para avanzar con los concursos a Presidencia del Cpccs, luego que ya pasó el proceso electoral. Sin embargo, dijo que eso sería bueno consultar al titular de la entidad, Andrés Fantoni, para conocer cuándo pondrá en agenda.
¿La prórroga es legal?
Que las autoridades cumplan con el período para el que fueron designados, pero se mantengan en funciones prorrogadas sí es legal.
En el caso de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, aplica lo que establece el artículo 283 que señala que el período de funciones será de seis años, sin posibilidad de reelección y agrega que “cumplido el período, la máxima autoridad podrá mantenerse en funciones prorrogadas hasta la designación de su reemplazo”.
Salazar cumplió seis años al frente de la Fiscalía, el 8 de abril de 2025 y desde el 9 de abril está en funciones prorrogadas junto con el fiscal subrogante, Wilson Toainga.
En cuánto al tiempo que se mantendrá en el cargo, depende de que el Cpccs realice el concurso, por lo que bien podría continuar en funciones durante los meses que quedan de 2025.
¿Qué hay detrás?
Para el constitucionalista Esteban Rodríguez, el no contar con nuevas autoridades y que las actuales se prorroguen en funciones es una falla de la institución encargada de llevar adelante los procesos de designación en el tiempo que debían hacerlo.
La Fiscalía no es la única prorrogada, sino hay otras como: el Consejo Nacional Electoral y la Judicatura que están en las mismas condiciones.
Radio Pichincha
