La Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos ratificó la sentencia que responsabiliza a la estatal petrolera Petroecuador por la vulneración de derechos constitucionales tras el derrame de petróleo, de 1.116 barriles, ocurrido el 10 de mayo de 2023.
Ese derrame se produjo a raíz de la ruptura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) en el kilómetro 11 de la vía Lago Agrio – Quito, a la altura del río Conejo, parroquia Santa Cecilia.
La decisión judicial reconoce la violación de los derechos al agua, a la salud, a un ambiente sano y a la naturaleza, en perjuicio de al menos 18 comunidades de las parroquias Santa Cecilia y 10 de Agosto, en el cantón Lago Agrio.
El tribunal dispuso medidas de reparación integral que incluyen la ejecución obligatoria del “plan emergente” aprobado por el Ministerio del Ambiente, con acciones para restaurar aguas, suelos y vegetación afectados.
Durante el proceso judicial, se evidenció que el derrame afectó un tramo de 36 kilómetros, llegando al río Conejo, Blanco Grande y San Miguel.
Aunque la empresa argumentó que la fuga fue provocada por una toma clandestina, el tribunal concluyó que no se cumplió de forma efectiva con las medidas de prevención y remediación, lo que agravó el impacto ambiental y social.
La sentencia también obliga a Petroecuador a realizar, en un plazo de 180 días contados a partir de la notificación, los estudios técnicos necesarios e instalar válvulas de seguridad a menor distancia en las zonas cercanas a poblaciones o ecosistemas sensibles del cantón Lago Agrio.
«Estas válvulas deberán impedir el flujo de grandes cantidades de petróleo, como ocurrió en el hecho que motivó esta resolución, con el objetivo de minimizar el daño potencial ante eventos similares en el futuro»
Radio Pichincha
