Previo a acoger el pedido de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, de archivar la indagación previa del caso Flopec por presunto peculado y delincuencia organizada en contra del expresidente Guillermo Lasso y cinco personas más, la jueza nacional Daniella Camacho otorgó el 21 de abril de 2025, tres días de plazo para que las partes se pronuncien.
En marzo de 2025, Salazar dirigió a Camacho un escrito en el que pidió el archivo de la indagación previa y mediante providencia del 21 de abril, la jueza notificó a las partes sobre la solicitud e informó de la recepción del expediente fiscal.
Los investigados del caso Flopec
A más de Lasso, la Fiscalía investigaba -por una denuncia de la exasambleísta Mireya Pazmiño- al cuñado del exmandatario y sentenciado en el caso Encuentro, Danilo Carrera; al expresidente de EMCO, Hernán Luque (procesado en el caso Encuentro por delincuencia organizada); Fernando Correa; Óscar Panchi y Oswaldo Rosero.
Una de las partes que debe pronunciarse es el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, como abogado del Estado.
En su cuenta de X, Washington Andrade, abogado de Pazmiño, recordó que Larrea se desempeñó como abogado y empleado en el Banco de Guayaquil relacionado con Lasso y, en esta ocasión, deberá pronunciarse por la oposición al archivo.
El jurista indicó que junto a su clienta presentarán la oposición al archivo de la indagación previa solicitada por la Fiscalía.
¿Cómo empezó el caso?
El 23 de abril de 2023, Pazmiño denunció a Lasso y a las otras personas por presunto peculado en la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y, en noviembre de ese mismo año, amplió su versión en la Fiscalía General del Estado.
La exlegisladora pidió que se formulen cargos por las presuntas irregularidades en un contrato entre Flopec y Amazonas Tanker, para transportar petróleo y combustibles, del cual habría tenido conocimiento Lasso.
Aparentemente, este contrato representó pérdidas. Tanto así que un informe preliminar de la Contraloría General del Estado mencionaba de un perjuicio de USD 6 millones. Aunque -en su momento- desde la defensa de Pazmiño se advirtió que las pérdidas superarían los USD 120 millones.
En su momento, Pazmiño fue proponente del juicio político en la Asamblea en contra de Lasso y luego se convirtió en denunciante.
Para Pazmiño, Lasso habría conocido sobre las presuntas irregularidades del contrato y no hizo nada. Incluso el tema es parte de un informe del Frente Parlamentario Anticorrupción sobre el Caso León de Troya.
Radio Pichincha
