La investigación «Los niños perdidos en la Guerra Interna de Ecuador» devela una realidad alarmante: el crimen organizado ha penetrado hasta las fibras más vulnerables de la sociedad ecuatoriana, reclutando y traficando con niños y adolescentes, muchos de los cuales terminan desaparecidos.
Según la periodista e investigadora Alina Manrique Cedeño, miembro de la plataforma Connectas.org y del portal Tierra de Nadie, el primer año del conflicto armado interno marcó un punto de quiebre: las desapariciones de menores de edad aumentaron en un 88% entre 2023 y 2024.
A esto se suman señalamientos graves hacia elementos de la fuerza pública. En el último año, al menos nueve adolescentes habrían desaparecido a manos de militares, según denuncias recogidas por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
Desde 2017, 868 menores de edad siguen desaparecidos en Ecuador. No se trata de denuncias generales (que bordean entre 6.000 y 8.000 por año), sino de casos activos, sin resolver. De esos, más del 70% son mujeres. La edad más frecuente de desaparición es 15 años. Un patrón que se repite en todo el país, aunque Sucumbíos y Esmeraldas se han convertido en zonas críticas.
“Entre 2017 y 2024, el grupo etario más afectado no fueron los adultos jóvenes, sino los adolescentes entre 13 y 18 años”, explica Manrique.
Y esa vulnerabilidad tiene causas profundas: deserción escolar, desplazamiento forzoso, homicidios y migración por miedo a la violencia. Todo esto no ocurre en el vacío. Es, según Manrique, un síntoma de algo más profundo: una guerra interna.
El crimen organizado explota los cuerpos de niños, niñas y adolescentes
El reclutamiento forzado por parte de grupos armados y pandillas se ha convertido en una de las principales causas de las desapariciones. Lejos de ser voluntario, este reclutamiento es forzoso. Los adolescentes son extraídos de sus comunidades, cooptados, amenazados, utilizados como mensajeros, vigías, mulas humanas o incluso sicarios.
Manrique alerta que los cuerpos de los niños y, especialmente, de las niñas, se han convertido en recursos que el crimen organizado explota para prolongar y maximizar sus actividades delictivas.
“Una vez que el narco toma territorios se apodera de todos los recursos, y el cuerpo humano es visto como un recurso. La vida de un varón gatillero suele ser corta, porque es muy probable que resulte abatido en un enfrentamiento o termine en la cárcel; pero el cuerpo de las niñas puede usarse por más tiempo y para más fines criminales.”
Este enfoque mercantilizador deshumaniza a las víctimas, reduciéndolas a simples “recursos” al servicio del crimen organizado, que se aprovecha tanto de su vulnerabilidad como de la falta de respuesta eficaz del Estado.
Ecuador cuenta desde 2020 con una ley que obliga al Estado a prevenir desapariciones, especialmente de menores. Pero esa ley, según Manrique, no se cumple. No solo hay menos de 300 agentes destinados a buscar a todos los desaparecidos del país, sino que las investigaciones suelen terminar archivadas: de las 22.000 denuncias recibidas entre 2014 y 2024, 14.000 fueron archivadas sin ser investigadas.
“La mayoría de las denuncias por desaparición en la fiscalía terminan archivadas. Nos encontramos con que no estamos buscando a los niños, no hay una acción real y efectiva para encontrarlos”, dice Manrique con indignación.
El abandono estatal se agrava con la militarización de las zonas más conflictivas. Si bien el despliegue militar responde a una escalada de violencia, también ha traído nuevos riesgos: extralimitaciones en el uso de la fuerza y la infiltración del crimen organizado en las filas de la fuerza pública.
“No estamos diciendo que todas las desapariciones son responsabilidad de militares. Pero sí hay que decirlo: en 2024 ya hay denuncias contra elementos de la fuerza pública por la desaparición de nueve adolescentes”, afirma Manrique.
Uno de los casos más conocidos fue el de los cuatro niños desaparecidos en el barrio Las Malvinas, que generó conmoción pública. Pero no fueron los únicos. Hay cinco casos más registrados por organizaciones de derechos humanos.
¿Dónde están los niños perdidos?
La desaparición de menores de edad no es solo una tragedia personal para cada familia, sino que representa una crisis social que amenaza con despojar a la sociedad de una generación entera.
La interconexión entre la deserción escolar, el desplazamiento forzoso y los homicidios revela que estas desapariciones se enmarcan en una problemática mucho mayor, en la cual la explotación del cuerpo infantil por parte del crimen organizado es un componente clave.
La desaparición de niños y adolescentes está conectada con la deserción escolar, con el desplazamiento forzoso de comunidades enteras y con los homicidios.
Manrique insiste en que la desaparición involuntaria es un delito y llama a la sociedad y al Estado a no dejar de buscar a los niños, niñas y adolescentes desaparecidos.
Radio Pichincha
