Una respuesta ciudadana a la inseguridad
Ecuador atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia. La violencia ha dejado de ser circunstancial para convertirse en parte de la cotidianidad. El miedo domina barrios, ciudades, familias. Ante esta realidad, el Estado ha buscado respuestas alternativas, y una de ellas ha sido la figura del Gestor de Paz, promovida como un puente entre la institucionalidad y la comunidad.
Una propuesta útil, pero jurídicamente frágil
La idea, en principio, es sensata. Se trata de incorporar a ciudadanos con capacidad de mediar conflictos, generar convivencia y prevenir hechos violentos desde el entorno barrial. Pero el problema no está en el concepto, sino en su implementación. Muchos de estos gestores han sido incorporados sin un marco legal que sustente su existencia, defina sus funciones o limite sus atribuciones. En la práctica, operan en un limbo normativo que debilita su legitimidad y abre la puerta a posibles abusos o distorsiones.
La ley, base de toda institucionalidad
En un Estado de Derecho, ninguna función pública puede ejercerse sin respaldo legal. La Constitución del Ecuador exige que toda estructura institucional esté debidamente regulada. Por ello, si el país desea consolidar la figura del Gestor de Paz, debe hacerlo mediante una Ley Orgánica, aprobada por la Asamblea Nacional. Esta normativa debe:
Fundarse en principios constitucionales como la participación ciudadana, la seguridad preventiva y el respeto a los derechos humanos.
Establecer un sistema técnico de selección, con meritocracia, participación comunitaria y rigurosos filtros.
Garantizar capacitación especializada en mediación, derechos humanos, normativa penal y resolución de conflictos.
Definir claramente sus límites de acción, para evitar confusión o interferencia con funciones policiales o judiciales.
Implementar mecanismos de control y rendición de cuentas, tanto institucional como comunitario.
Asegurar su neutralidad política.
No se construye paz sin legalidad
La paz no es un eslogan. Es una tarea compleja y colectiva que exige profesionalismo, ética e institucionalidad. Cuando se improvisa o se actúa al margen de la ley, incluso las mejores intenciones pueden terminar vulnerando derechos o debilitando la confianza ciudadana.
Experiencias internacionales y el camino ecuatoriano
Organismos internacionales como la ONU, la OSCE o la Unión Europea han promovido iniciativas similares en diversos países, pero siempre bajo reglas claras y marcos legales sólidos. Ecuador puede y debe aprender de estas experiencias, adaptándolas a su realidad, pero sin improvisaciones ni atajos institucionales.
Sí, con ley y garantías
La figura del Gestor de Paz es pertinente y recomendable, siempre que esté jurídicamente respaldada. Una Ley Orgánica clara, constitucional y consensuada no solo daría legitimidad a su accionar, sino que protegería a la ciudadanía y fortalecería la institucionalidad democrática.
La paz es posible. Pero no nace de la improvisación, sino del compromiso serio con la ley, la dignidad y los derechos humanos. Los ecuatorianos no pedimos milagros. Pedimos coherencia.
