El gobierno de Donald Trump planea imponer multas diarias de hasta 998 dólares a migrantes que permanezcan en Estados Unidos pese a tener órdenes finales de deportación. La medida, según documentos oficiales obtenidos por Reuters, se basa en una ley aprobada en 1996, que fue aplicada por primera vez en 2018 y contempla además la posibilidad de confiscación de bienes a quienes no paguen.
Las sanciones podrían aplicarse de forma retroactiva hasta por cinco años, lo que daría lugar a montos que superen el millón de dólares por persona, de acuerdo con un funcionario del gobierno citado bajo condición de anonimato por Reuters. Esta estrategia apunta a unas 1.4 millones de personas que ya recibieron orden de expulsión por parte de un juez migratorio. Según los mismos documentos, el gobierno también está evaluando usar el poder de la división de confiscaciones civiles del Departamento de Justicia para ejecutar embargos de propiedades.
Las autoridades estadounidenses están presionando a los migrantes en esta situación para que abandonen el país de manera voluntaria mediante la aplicación CBP Home, anteriormente conocida como CBP One. La vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, afirmó en respuesta a Reuters que “si no lo hacen, enfrentarán las consecuencias”. Esto incluye la sanción económica diaria a partir del vencimiento de la orden de deportación.
Infobae